Una empresa reclamó el material y obtuvo una decisión judicial favorable, mientras continúa la investigación penal contra el joven capturado.
La historia de los cuatro lingotes de oro que incautó la Policía en el peaje Cerritos 2 y que transportaba un joven de 19 años en un bus de servicio público, tiene un nuevo capítulo judicial. Más de doce meses después, un juez ordenó la devolución de los objetos avaluados inicialmente en más de $1.057 millones.
El operativo se desarrolló en el corredor vial Andalucía– Cerritos, a la altura del kilómetro 86, durante la inspección de un vehículo de transporte intermunicipal que cubría la ruta Cali–Medellín. En el equipaje del hombre natural de Cali, los uniformados encontraron cuatro piezas de oro de diferentes dimensiones.
Según el informe del procedimiento, los lingotes tenían un peso total de 2.517 gramos y un valor comercial estimado de $1.057.140.000. En el mismo procedimiento encontraron dos teléfonos celulares, cuyo precio se calculó en un millón de pesos.
La captura
La Policía indicó que el pasajero no presentó guías de transporte, facturas ni certificados que permitieran establecer la procedencia del mineral. Por esa razón, terminó capturado y a disposición de las autoridades judiciales.
La información del momento también decía que el caso estaba presuntamente relacionado con posibles conductas de aprovechamiento ilícito de recursos naturales no renovables y receptación.
Una de las hipótesis apuntaba a que el oro podría provenir de explotaciones ilegales en zonas del Cauca o del sur del Valle del Cauca, aunque la procedencia no estaba confirmada.
¿Quién reclamó el material?
Durante el proceso, la defensa solicitó que los elementos se entregaran nuevamente. El argumento central fue que el oro pertenecía a un consejo comunitario de Nariño, que lo habría entregado mediante un mandato a una empresa para adelantar su comercialización.
La solicitud generó una discusión que el despacho debía resolver. Inicialmente, el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Pereira remitió el expediente a la jurisdicción especializada de extinción de dominio.
Sin embargo, esa oficina rechazó la competencia y el conflicto tuvo que resolverse ante la Corte Suprema de Justicia, que determinó que el caso debía regresar al juzgado penal de garantías.
De acuerdo con la información judicial, el juez dejó sin efecto la decisión que había declarado legal la incautación y ordenó devolver los cuatro lingotes y los dos teléfonos celulares a la empresa que reclamó su propiedad.
La orden de entrega de los elementos no representa el cierre de la investigación penal ni significa que exista una declaración de inocencia o culpabilidad.
El proceso contra el joven capturado continúa, de manera que la decisión por ahora se refiere a la devolución de los bienes incautados y no a la definición de su responsabilidad.
