Las autoridades descubrieron este fin de semana nuevas tarjetas rojas y amarillas que utilizarían para controlar la venta de estupefacientes.
El hallazgo de una nueva tarjeta con código QR durante un operativo en el sector de Los 2.500 Lotes marcó una nueva línea de investigación sobre el posible resurgimiento de un sistema de control ilegal utilizado para administrar la venta de tusi en el área metropolitana. Para los investigadores, este elemento podría ayudar a explicar la reconfiguración de las rentas criminales tras la seguidilla de homicidios registrados recientemente.
La evidencia la encontraron los uniformados del Bloque de Búsqueda durante un procedimiento adelantado en Pereira. Desde ese momento, comenzaron a verificar si hay estructuras vinculadas al grupo delincuencial Cordillera que estarían reactivando un mecanismo de acreditación para controlar a quién puede comercializar estupefacientes en determinados sectores de la ciudad.
El comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, coronel Óscar Ochoa, explicó que las indagaciones buscan establecer el verdadero alcance de este sistema y determinar si hace parte de un proceso de reorganización de las rentas ilegales.
“Estamos investigando la posible reactivación del sistema utilizado para acreditar pagos ilegales relacionados con la venta de estupefacientes. Ese hallazgo hace parte de una línea investigativa que adelanta el Bloque de Búsqueda“, explicó el oficial.
De acuerdo con la información recopilada hasta ahora, la tarjeta contiene un código QR que, según la hipótesis inicial, podría ser utilizada para acreditar el pago de cuotas ilegales exigidas a expendedores de estupefacientes y facilitar controles ejercidos por estructuras criminales sobre determinados puntos de distribución.
Las autoridades también analizan otras tarjetas de colores rojo y amarillo incautadas recientemente en establecimientos comerciales, tipo discotecas, cuyo contenido es objeto de verificación técnica para establecer su utilidad dentro del presunto sistema.
Una modalidad que habría evolucionado con el tiempo
Durante la investigación, los uniformados también recibieron información de una fuente que afirmó conocer el funcionamiento de estas estructuras ilegales. Según ese testimonio, el sistema de control habría evolucionado con el paso de los años.
La fuente aseguró que inicialmente los permisos eran expedidos mediante tarjetas físicas, posteriormente fueron reemplazados por adhesivos o “stickers” y, más recientemente, por códigos QR que facilitarían la verificación de los pagos realizados por quienes comercializan sustancias ilícitas.
Esa misma versión sostiene que quienes no contaban con esa autorización presuntamente no podían vender y se convertían en objetivo de la organización criminal. Sin embargo, la Policía aclaró que esos aspectos hacen parte de la investigación y continúan en verificación mediante labores de inteligencia y policía judicial.
“Cada jefe de zona tenía derecho a inscribir hasta cuatro expendedores con el mismo código QR. Si te agarran y no tienes permiso tienes que pagar una multa y hasta que no la pagues, no te sueltan”, dijo la fuente.
Supuestamente, los cobros de impuesto, sólo por la venta de tusi, podrían estar alrededor de los cuatro millones de pesos semanales.
“Si la persona no tiene el permiso lo desaparecen. Tienes unas pocas horas para llamar a la persona que coordina la zona y que esta pague”, agregó el informante.
La conexión con los recientes hechos de violencia
Aunque las autoridades aún no establecen una relación directa entre este mecanismo y los homicidios de las últimas semanas en el área metropolitana, una de las hipótesis que analizan apunta a una posible reorganización de las rentas derivadas del microtráfico.
Precisamente, esa línea de investigación busca determinar si las recientes disputas por el control de la comercialización de estupefacientes estarían relacionadas con algunos de los hechos violentos ocurridos en Pereira y Dosquebradas.
Por ahora, el Bloque de Búsqueda analiza información de inteligencia y adelanta operativos para establecer el alcance de este presunto sistema de control ilegal y la responsabilidad de quienes estarían detrás de su eventual reactivación.
