Continúan vinculados a la investigación por presuntas irregularidades en un contrato relacionado con las fiestas aniversarias.
La audiencia de acusación sigue sin comenzar y una apelación pendiente ante el Tribunal Superior de Pereira mantiene suspendido el avance del proceso judicial. En medio de ese escenario, una juez de Dosquebradas ordenó este jueves la libertad por vencimiento de términos del exconcejal de Belén de Umbría Carlon Londoño Sánchez, de Yolima María Bueno Mendoza y de Jorge Augusto Arias Orozco, tres de los procesados en la investigación por las presuntas irregularidades detectadas en la contratación de las fiestas de los 50 años del municipio.
La decisión fue adoptada durante una audiencia en la que la defensa argumentó que ya se habían cumplido los plazos establecidos por la ley sin que el proceso avanzara a etapas posteriores. Según explicó el abogado Santiago Herrera, la solicitud se sustentó en que desde la radicación del escrito de acusación, en octubre de 2025, transcurrió el término legal previsto para mantener vigente la medida de aseguramiento.
Durante la diligencia, la Fiscalía se opuso a la petición al considerar que parte de la demora obedecía a actuaciones de la defensa. Sin embargo, la juez concluyó que no existían elementos para demostrar maniobras dilatorias y avaló los argumentos presentados por los abogados de los procesados.
De acuerdo con la defensa, uno de los factores que incidió en la suspensión de los términos fue una apelación presentada contra la decisión que negó una solicitud de nulidad dentro del proceso. Ese recurso permanece pendiente de resolución por parte del Tribunal Superior de Pereira.
La estrategia de defensa de los procesados estuvo encabezada por los abogados Luis Miguel Campos y Santiago Martínez, quienes junto con los demás integrantes del equipo jurídico impulsaron las solicitudes y recursos presentados durante el proceso. La petición de libertad por vencimiento de términos quedó sustentada durante la audiencia celebrada este jueves.
Proceso suspendido
Aunque los tres procesados recuperarán su libertad, la investigación no ha terminado y el proceso judicial continúa vigente. La decisión conocida este jueves no implica una absolución ni modifica los cargos que les fueron imputados por la Fiscalía.
El caso gira alrededor de un contrato relacionado con la celebración de los 50 años de Dosquebradas, una investigación que derivó en la judicialización de varios implicados por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos.
Según la tesis de los organismos investigadores, las actuaciones bajo análisis habrían generado un presunto detrimento patrimonial por varios cientos de millones de pesos, motivo por el cual se iniciaron las actuaciones penales correspondientes.
Ahora el expediente permanece a la espera de que el Tribunal Superior de Pereira resuelva la apelación presentada por la defensa. Esa decisión será determinante para establecer el rumbo que seguirá el proceso y definir si la actuación continúa en la etapa actual o si debe retroceder a fases anteriores.
En caso de que el Tribunal respalde la solicitud de nulidad planteada por la defensa, el proceso podría regresar incluso hasta la etapa de imputación. Si, por el contrario, confirma las decisiones adoptadas hasta ahora, el expediente continuará con la audiencia de acusación, la etapa preparatoria y posteriormente el juicio oral contra los procesados.
La investigación gira alrededor de un contrato relacionado con la celebración de los 50 años de Dosquebradas. Según la investigación adelantada por las autoridades, las presuntas irregularidades detectadas en la ejecución de ese contrato habrían ocasionado un detrimento patrimonial estimado en más de 242 millones de pesos.
