Nueve personas terminaron judicializadas y cinco aceptaron cargos. La Fiscalía reveló que distribuían carne equina como si fuera de res.
La red compraba caballos enfermos o de avanzada edad. Los llevaba hasta Bucaramanga para sacrificarlos de manera clandestina. Sin controles sanitarios y, según la Fiscalía, alteraban la carne con sustancias químicas para ocultar su estado de descomposición antes de venderla en establecimientos comerciales del área metropolitana.
De esta manera, la investigación liderada por una fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra el Medio Ambiente y los Recursos Naturales recopiló elementos materiales sobre el funcionamiento de la organización y la forma en que engañaba a los consumidores.
Los procesados quedaron identificados como Sergio Leonardo Ortiz Soto, alias ‘Leo’; Danny Alexander Soto, alias ‘Dante’ o ‘Carnicero’; Jonathan Javier Ortiz Soto; Yolanda Soto Badillo; Enrique Cadena Rojas, alias ‘Mala Vida’; Cindy Johana Moreno Daza; Mario Alvarado Trujillo; Mayer Andrea Trujillo Ardila y Jhoan Sebastián Trujillo Trujillo.
Así operaba la organización
De acuerdo con la Fiscalía, la organización adquiría caballos de avanzada edad o con enfermedades en los departamentos de Cesar, Bolívar y Magdalena, así como en varios municipios de Santander.
Posteriormente, los animales eran transportados en vehículos que no cumplían las condiciones exigidas para su movilización y llevados hasta Bucaramanga, donde permanecían sin alimento ni agua antes de ser sacrificados de manera clandestina.
Las autoridades establecieron que los procesados no contaban con permisos para realizar esta actividad ni cumplían con las condiciones sanitarias exigidas para el procesamiento de productos cárnicos destinados al consumo humano.
Alteraban la carne
Uno de los hallazgos más graves de la investigación indica que los integrantes de la red, presuntamente, utilizaban sustancias químicas para modificar la apariencia, el olor y la textura de la carne, con el propósito de ocultar su estado de descomposición y hacerla pasar por carne de res.
Según la Fiscalía, una vez sacrificados los animales, los productos cárnicos eran almacenados y distribuidos sin cumplir los protocolos sanitarios establecidos, lo que representaba un riesgo para la salud pública de los consumidores.
La carne era comercializada en diferentes establecimientos del área metropolitana de Bucaramanga, donde los compradores, al parecer, desconocían el verdadero origen del producto.
Judicialización de los implicados
La Fiscalía imputó a los nueve procesados, de acuerdo con su posible participación en los hechos, los delitos de concierto para delinquir, corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico, daño a los recursos naturales y ecocidio, y muerte al animal.
Durante las audiencias preliminares, cinco de los procesados aceptaron los cargos, mientras que los demás continuarán vinculados al proceso judicial.
Por decisión de un juez de control de garantías, cinco personas fueron enviadas a un establecimiento carcelario, mientras que cuatro deberán cumplir medida de aseguramiento en sus lugares de residencia.
Para la Fiscalía, el presunto actuar de esta organización no solo implicó maltrato animal y afectaciones ambientales, sino que también expuso a cientos de consumidores a productos que no cumplían con las condiciones mínimas de inocuidad para el consumo humano.
Las investigaciones continúan para establecer el alcance de la distribución de la carne adulterada, identificar los establecimientos donde fue comercializada y determinar si existen otras personas involucradas en esta presunta red delincuencial.
