Según la denuncia, los recursos pertenecían a un fondo de pensiones de trabajadores. la audiencia se reprogramó para el 16 de julio.
Un presunto error administrativo en el pago de una sustitución pensional se transformó en un proceso penal con alcance internacional que hoy se tramita en Pereira. Una empresa de la ciudad de Nueva York busca que la justicia colombiana ordene el embargo de un inmueble mientras avanza la investigación por el delito de aprovechamiento de error ajeno.
La historia empezó tras la muerte de un trabajador pensionado de una compañía eléctrica estadounidense. Según la versión que se dio a conocer durante una audiencia, la esposa inició el trámite para recibir la sustitución pensional y un retroactivo cercano a 42.000 dólares.
Sin embargo, la empresa continuó realizando consignaciones mensuales por un error operativo. Con el paso de los meses, los giros alcanzaron aproximadamente 500.000 dólares, antes de que la equivocación fuera detectada y se ordenara detener los pagos.
Al parecer, el banco logró recuperar parte del dinero, pero cerca de 250.000 dólares no pudieron ser reversados. La compañía sostiene que esos recursos terminaron trasladados a una cuenta en Colombia y que parte del patrimonio sirvió para adquirir un inmueble en Pereira, razón por la que solicitaron una medida cautelar de embargo.
Del error a un proceso penal
Aunque los hechos ocurrieron en Estados Unidos, el caso llegó a los despachos judiciales colombianos por una razón jurídica: la mujer investigada reside actualmente en el país y la querella se presentó ante la Fiscalía como presunto aprovechamiento de error ajeno.
El apoderado también sostuvo que no se trata únicamente de una pérdida económica para una compañía privada. Afirmó que los recursos hacían parte de un fondo destinado al pago de pensiones de trabajadores, circunstancia que, en su criterio, da una mayor trascendencia.
Según la exposición, la empresa notificó a la beneficiaria sobre el error y le solicitó la devolución de los recursos.
El abogado aseguró que la mujer respondió que consideraba que el dinero le pertenecía y que no lo reintegraría, afirmación que hace parte de la hipótesis presentada por la parte denunciante y que será objeto de verificación dentro de la investigación.
La Fiscalía respaldó el embargo
La fiscal del caso manifestó que la solicitud de embargo resulta procedente como una medida cautelar encaminada a proteger los derechos patrimoniales de la presunta víctima y garantizar una eventual reparación, siempre que se respeten los principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad.
En otras palabras, la petición no busca anticipar una condena ni declarar responsable a la investigada, sino impedir que el inmueble pueda ser vendido o transferido mientras avanza el proceso judicial.
Pese a los argumentos expuestos por las partes, la jueza no adoptó una decisión inmediata. La funcionaria explicó que el expediente entregado por la Fiscalía contiene cerca de 500 folios, por lo que consideró necesario revisar de manera detallada todos los elementos de prueba.
