Comunidades campesinas denunciaron esta semana incrementos desproporcionados en el impuesto predial y exigieron revisión.
Ciudadanos aseguran que los nuevos cobros superan su capacidad de pago y responsabilizan al gestor catastral por inconsistencias en los estudios. El bloqueo vial en el sector de La Romelia mostró más que la inconformidad de las comunidades rurales de Dosquebradas.
De acuerdo con Gonzalo Arango, vocero de Dignidad Agropecuaria en Risaralda, los recibos llegaron con aumentos que calificó como “inusitados”, tanto en el valor del impuesto como en los avalúos.
Señaló que la totalidad de los manifestantes corresponde a población campesina afectada por la medida. Los incrementos impactan directamente la economía de familias rurales, que dependen de actividades agropecuarias.
El dirigente cuestionó el papel del Área Metropolitana Centro Occidente (AMCO), entidad que actúa como gestor catastral en el municipio. Afirmó que los estudios presentan errores, inconsistencias e incoherencias que ya han sido advertidas en reuniones sin resultados concretos.
