El caso ocurrió en septiembre. Las autoridades municipales activaron la ruta institucional para proteger al canino.
El caso de Chocolate, el perro hay que arrastraron en una motocicleta en Dosquebradas el pasado mes de septiembre, llegó a una decisión administrativa con una sanción cercana a los $14 millones. La medida también establece que la responsable debe asumir los gastos veterinarios y de manutención derivados de la atención recibida por el animal.
La determinación se adoptó después de valorar los hechos y las pruebas incorporadas al proceso, visión comunicado de la alcaldía. Además del componente económico, la autoridad estableció la prohibición de tenencia de animales y el decomiso definitivo del canino, por lo que no regresará bajo su cuidado.
La actuación estuvo a cargo de la Inspección Quinta de Convivencia y Paz, instancia que aplicó las disposiciones contempladas en la Ley Ángel para establecer las consecuencias derivadas del caso.
La sanción corresponde a ocho salarios mínimos, equivalentes a aproximadamente $14 millones. A esa suma se adiciona la obligación de cubrir los costos generados por la atención veterinaria y la manutención del canino.
La resolución también contempla la asistencia obligatoria a un curso de sensibilización sobre protección y bienestar animal, junto con el registro de la medida correspondiente en el Registro Nacional de Medidas Correctivas.
Qué pasó con Chocolate
Las imágenes del maltrato comenzaron a circular en redes sociales y mostraban al perro cuando lo arrastraban desde una motocicleta. El hecho provocó rechazo entre ciudadanos y llevó a las autoridades locales a activar la ruta de protección animal.
A Chocolate lo localizaron posteriormente y recibió atención veterinaria por las lesiones ocasionadas durante el episodio.
Con el decomiso definitivo, el animal permanecerá bajo el cuidado de la persona que asumió su rescate, mientras la responsable queda impedida para adquirir, conservar o cuidar otros animales.
Aplicaron la Ley Ángel
La decisión constituye una aplicación de las herramientas previstas en la Ley 2455 de 2025, conocida como Ley Ángel, que fortaleció las medidas frente al maltrato animal en Colombia.
La secretaria de Gobierno de Dosquebradas, Melissa Carmona Gómez, señaló que el proceso muestra que las denuncias pueden activar actuaciones institucionales cuando existen elementos que permiten intervenir.
“Este caso demuestra que las denuncias pueden traducirse en actuaciones concretas cuando existen elementos para que las autoridades intervengan”, manifestó la funcionaria.
El inspector quinto de Convivencia y Paz, Mario Fernando Chaves, explicó que durante el procedimiento se valoraron los hechos y las pruebas allegadas antes de establecer las medidas correspondientes.
