El juez ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario para los ocho procesados mientras avanza la investigación judicial.
Mientras la Fiscalía exponía los cargos contra los presuntos integrantes de la banda ‘Los Lampas’, uno de los procesados mostró un cartel que decía “hay que matar a la fiscal”. El incidente ocurrió en plena audiencia y ahora podría costarle un nuevo proceso.
El hecho se presentó durante la judicialización de ocho personas señaladas de integrar una estructura dedicada, presuntamente, a la comercialización de estupefacientes en diferentes sectores de Soacha, Cundinamarca.
Un informe la Fiscalía General de la Nación señala que los procesados harían parte de una organización que distribuía drogas tanto en espacios públicos como mediante la modalidad de entregas a domicilio.
Según la investigación, la red delincuencial tendría injerencia en los barrios Danubio, Prado Las Vegas y Hogares, además de zonas cercanas a dos centros comerciales ubicados sobre la Autopista Sur.
Los investigadores sostienen que la estructura comercializaba marihuana, bazuco, cocaína y tusibí, sustancias que eran distribuidas a través de diferentes integrantes con funciones específicas.
La Fiscalía identificó a Luis Miguel Moreno López como el presunto cabecilla de la organización. Asimismo, señaló que otros procesados cumplirían tareas relacionadas con la seguridad de los puntos de venta, la dosificación de los estupefacientes, las entregas por encargo y la comercialización directa de las sustancias.
Nueva investigación
Pero el hecho que terminó por captar la atención de las autoridades ocurrió durante la propia audiencia. Brayan Alexander Rodríguez Ordóñez interrumpió la diligencia y lanzó amenazas contra el representante del ente acusador, comportamiento que quedó consignado dentro del proceso judicial.
Según el documento oficial, el procesado exhibió un cartel con un mensaje intimidante dirigido al fiscal que adelantaba la imputación. La conducta motivó el anuncio de una nueva actuación penal por el delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos.
Además de las imputaciones por estos hechos, los ocho procesados enfrentan cargos por concierto para delinquir agravado, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y uso de menores para la comisión de delitos.
Al término de las audiencias preliminares, el juez ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario para todos los procesados, mientras avanzan las investigaciones que buscan establecer el alcance de las actividades atribuidas a la estructura de ‘Los Lampas’.
