Habitantes, de las zonas más apartadas del departamento, están preocupados por las supuestas convocatorias a reuniones.
En las calles de Santa Cecilia el miedo volvió a convertirse en tema de conversación. Habitantes del corregimiento, ubicado en el corredor vial que conecta a Risaralda con el Chocó, aseguran que hombres armados buscan reunirse con los pobladores. El objetivo, al parecer, es uno solo: “solicitar apoyo para un candidato presidencial”.
Aunque, hasta el momento no hay una denuncia formal, se habla de constreñimiento electoral y entre las comunidades empieza a crecer la percepción de que actores armados ilegales buscan influir en la decisión de los votantes en esta zona del occidente colombiano.
“Ya empezaron a hablar de por quién se debe votar. La gente tiene miedo porque aquí todos saben quiénes son y dónde se mueven”, dijo un informante que solicitó no revelar su identidad.
La situación ocurre en una región que desde hace meses viene siendo objeto de alertas por parte de organismos de derechos humanos y entidades del Estado debido a la expansión de estructuras armadas ilegales.
Territorio bajo disputa
La Defensoría del Pueblo advirtió este año sobre el deterioro de la seguridad en Pueblo Rico, Mistrató y Belén de Umbría, donde existe presencia simultánea del ELN y del Clan del Golfo.
Según las alertas oficiales, el Frente Manuel Hernández El Boche del ELN y la subestructura Edwin Román Velásquez del Clan del Golfo mantienen disputas por corredores estratégicos utilizados para movilidad armada, narcotráfico y control territorial.
En Santa Cecilia, la preocupación no es nueva. Ya en 2025 las autoridades habían confirmado el hallazgo de banderas del ELN en inmediaciones del corregimiento, específicamente en la vereda Citó.
Según el relato: varios hombres armados se estarían refugiando en fincas rurales cercanas al corregimiento, mientras que mandos o coordinadores permanecerían en el municipio de Tadó.
Una reciente investigación habla sobre el reacomodo de estructuras ilegales en la frontera entre Risaralda y Chocó, donde históricamente operan redes de narcotráfico y economías criminales asociadas a minería ilegal, extorsión y control de rutas clandestinas.
