El Ministerio del Interior tendrá que designar un funcionario temporal mientras el mandatario queda apartado de decisiones administrativas electorales.
La Procuraduría General de la Nación solicitó el nombramiento de un alcalde transitorio luego de aceptar el impedimento presentado por el propio alcalde Mauricio Salazar Peláez. Esto, debido a la participación política de su esposa en las elecciones legislativas de 2026 y a que se podría generar un posible conflicto de intereses.
El Ministerio Público explicó que la solicitud del alcalde ad hoc es una medida preventiva y no una sanción. El objetivo es proteger la transparencia del proceso electoral y preservar la confianza de los ciudadanos en las decisiones de la administración municipal.
Por esta razón, la Procuraduría Regional de Juzgamiento de Risaralda estableció que el alcalde no podrá intervenir en temas que sean discutidos dentro del Comité de Seguimiento Electoral del municipio.
Tampoco podrá participar en trámites administrativos que tengan relación directa o indirecta con las elecciones al Congreso para el periodo 2026–2030.
Estas limitaciones buscan evitar que desde la Alcaldía se adopten decisiones que puedan influir, incluso de manera indirecta, en el desarrollo de la contienda electoral.
El papel del alcalde ad hoc
Se trata de un funcionario temporal que asumirá exclusivamente los asuntos electorales de los que el alcalde titular quedó legalmente impedido.
La figura del alcalde ad hoc no reemplaza al mandatario en todas sus funciones, sino que opera de manera puntual para garantizar equilibrio y legalidad durante el proceso electoral.
Investigación disciplinaria sigue
Paralelo al impedimento, la Procuraduría confirmó que continúa en curso una investigación disciplinaria iniciada en diciembre pasado por una presunta participación indebida en política.
El proceso busca determinar si la conducta existió, si constituye falta disciplinaria y si el alcalde actuó amparado en alguna causal de exclusión de responsabilidad.
Hasta el momento, no se ha adoptado ninguna sanción, pero el proceso investigativo sigue en curso.
