La audiencia terminó sin decisión, debido a que el interno ya está condenado y su caso depende de otro despacho.
Una audiencia convocada para resolver una solicitud de libertad terminó en medio de una confusión de procesos, delitos y competencias, lo que impidió cualquier decisión de fondo. Finalmente, el expediente tuvo que ser enviado a otro juzgado.
A las 9:02 de la mañana de este martes 23 de diciembre, el Juzgado Primero Penal Municipal con función de control de garantías de Pereira instaló una diligencia para estudiar la solicitud presentada por Carlos Arturo Rivera Rivera, quien permanece recluido en un centro penitenciario.
La actuación judicial se originó a partir de un escrito enviado por el propio interno, en el que pidió su libertad por vencimiento de términos, dentro de un proceso que relacionó con el delito de tráfico de estupefacientes, correspondiente a un radicado del año 2020.
Desde el inicio, el juez dejó constancia de la ausencia de un abogado defensor, pese a que se había solicitado al centro de servicios judiciales verificar si el interno contaba con uno o requería la designación de un defensor público. Tampoco asistió el delegado del Ministerio Público.
Durante su intervención, Rivera Rivera ofreció una explicación poco clara de su situación judicial. Mencionó procesos por hurto y tráfico de estupefacientes en Pereira, Dosquebradas y Calarcá, y aseguró que una audiencia prevista para octubre no se realizó y nunca le avisaron.
Ante las contradicciones, el juez le preguntó directamente por el proceso por el cual se encuentra actualmente privado de la libertad. El propio interno reconoció que ya tiene una condena y que cumple una pena, además de haber solicitado rebajas por estudio y trabajo.
La Fiscalía aclaró el error
La Fiscalía, representada por la fiscal 19 seccional de Dosquebradas, explicó que el caso no corresponde a un vencimiento de términos, ya que el interno no está en etapa de investigación ni de juicio.
Indicó que su situación depende de un Juzgado de Ejecución de Penas, que es el encargado de decidir sobre libertad condicional o libertad por pena cumplida.
Según la fiscal, el interno presentó la solicitud ante el juez equivocado, ya que este tipo de peticiones se resuelven cuando la persona ya está condenada y no ante un juez de control de garantías.
Al revisar el documento que dio origen a la audiencia, el despacho advirtió que el interno mezcló varios radicados, señalando como “actual” un proceso por el cual ya existe condena, mientras hacía referencia a otro expediente más antiguo por tráfico de estupefacientes.
