El municipio pidió apoyo nacional para un albergue permanente y fortalecer programas que ya han atendido más de 6.000 casos.
Dosquebradas busca respaldo del Gobierno Nacional. El objetivo: construir salas de consumo controlado como parte de una estrategia que prioriza salud pública y rehabilitación. El municipio comenzó a mover piezas para enfrentar la problemática que crece en sus barrios más vulnerables.
La alcaldía no sólo implementa acciones móviles de atención, sino que estaría gestionando espacios fijos y seguros donde las personas que consumen puedan hacerlo bajo supervisión y con acceso a servicios de salud. La apuesta toma un rumbo nacional.
Hace pocos días, la viceministra de Justicia, Olga Lucía Claros Osorio, recorrió junto al alcalde Roberto Jiménez Naranjo los sectores de Guadualito y Altos de la Soledad, considerados puntos críticos por el consumo de sustancias psicoactivas.
El objetivo fue revisar en terreno la magnitud del fenómeno y evaluar los esfuerzos que la administración local adelanta para atender a usuarios en riesgo y habitantes de calle consumidores.
La solicitud del alcalde
El mandatario local aprovechó la visita para oficializar la solicitud de apoyo al Gobierno Nacional en tres frentes: continuidad y financiación del programa CAMAD, salas de consumo controlado y un albergue permanente para población habitante de calle con adicción activa.
Según Jiménez, estas acciones serían el paso necesario para pasar de intervenciones aisladas a una política integral de reducción de daños. La viceministra destacó lo que llamó un “modelo territorial de atención social”, sustentado en programas como CAMAD y la estrategia En Territorio.
Sólo este año, han brindado más de 6.000 atenciones psicosociales, de salud mental y prevención, llegando de manera directa a zonas donde la presencia institucional era mínima.
Claros Osorio aseguró que Dosquebradas se convirtió en un referente para otras ciudades que avanzan hacia el enfoque de derechos humanos en el tratamiento del consumo.
Más inversión
Durante la visita también se hizo un recorrido por el Centro de Atención y Diagnóstico para la Rehabilitación Integral (CADRI), ubicado en el Hospital Santa Mónica y destinado a atención ambulatoria y hospitalización diurna para personas con dependencia severa.
La inversión de $843 millones se distribuyó entre municipio, departamento y hospital, lo que reflejó un compromiso interinstitucional.
El recorrido mostró cómo la presión de organizaciones criminales que controlan el microtráfico, así como la pobreza y la exclusión, hacen del consumo en vía pública una amenaza sanitaria.
La administración insiste en que las salas de consumo controlado no buscan promover el uso de drogas, sino evitar muertes, reducir contagios y acercar a las personas a rutas reales de rehabilitación.
