La analista regional del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo en Risaralda, Mónica Colina, alertó sobre la falta de una respuesta integral y oportuna por parte del Gobierno Nacional ante la creciente inseguridad en Dosquebradas.
Durante una sesión con autoridades locales en el Concejo del municipio industrial, destacó que en el último año y medio se han emitido cuatro alertas tempranas, sin que se haya evidenciado una acción contundente por parte del Estado.
“Desde la Defensoría hemos identificado vacíos en la respuesta institucional. No se trata solo de la gestión territorial, sino de la responsabilidad del nivel nacional en garantizar una atención efectiva a estas alertas”, señaló la funcionaria.
Uno de los principales problemas expuestos fue la ausencia de un defensor regional en propiedad, situación que se ha prolongado por siete meses. Aunque la Defensoría continúa con su labor en la defensa de los derechos humanos, dijo que es esencial contar con una autoridad estable que lidere los procesos en el territorio.
Además, se hizo un llamado a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que actúe con mayor prontitud ante las solicitudes de seguridad para líderes sociales, concejales y servidores públicos que enfrentan amenazas.
Bandas delincuenciales
“En el área metropolitana de Pereira no hay presencia de un grupo armado ilegal reconocido, pero sí hay estructuras delincuenciales que están generando graves afectaciones a la comunidad. A diferencia de otras regiones, aquí las desapariciones son una de las principales formas de intimidación”, advirtió la analista.
Colina destacó la necesidad de fortalecer la articulación entre autoridades locales y nacionales, subrayando que la seguridad no es solo competencia de la Policía o el Ejército, sino una responsabilidad compartida de todas las instituciones del Estado.
Por esa razón, hizo un llamado a los concejales y autoridades locales para que colaboren activamente con la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público. Resaltó la importancia de que los líderes locales impulsen solicitudes y acciones para mitigar el riesgo.
Además, mencionó que los concejales deben conocer en profundidad las alertas emitidas y ayudar a exigir una respuesta adecuada por parte del gobierno.
Amenazas a líderes sociales
Colina reconoció la existencia de un ambiente de riesgo extremo para los líderes y lideresas sociales en Dosquebradas. Afirmó que, aunque el municipio cuenta con las autoridades necesarias, el continuo incumplimiento de las alertas emitidas ha dejado a muchos en una situación vulnerable.
A pesar de las advertencias, las autoridades nacionales y locales aún no han brindado una respuesta efectiva, lo que incrementa el nivel de amenaza hacia estos grupos.
Redes de tusi
Uno de los puntos alarmantes mencionados por Colina fue la existencia de alrededor de 100 líneas de distribución de Tusi en el área metropolitana de Pereira, lo que aumenta la preocupación sobre la proliferación de las drogas en la región.
La servidora pública instó a los concejales a trabajar en conjunto con las autoridades para combatir este problema, destacando que la información y los informes solo son útiles si se toman medidas concretas para frenar esta actividad delictiva.
Trata de personas
Uno de los puntos más alarmantes es el incremento del delito de trata de personas, que ha afectado especialmente a niños, niñas, adolescentes y mujeres. Se hace énfasis en las alertas tempranas y la falta de protección para las víctimas.
En este contexto se identificaron diversas modalidades: la mendicidad ajena, la explotación laboral y sexual, así como el tráfico de órganos. La exposición también resalta la preocupación por el trato hacia niños migrantes que podrían ser víctimas de este delito.
Según, la intervención de grupos delincuenciales en la vida de los jóvenes es una de las principales preocupaciones, debido al incremento de prácticas como el reclutamiento de niños en situaciones vulnerables, especialmente en contextos familiares disfuncionales.
