Tras el terremoto, algunos empleados recibieron ayudas de 600.000 pesos y beneficios para salud y medicamentos.
Antes del terremoto del 10 de agosto, Comestibles La Rosa utilizaba cerca de la mitad de su capacidad instalada y enfrentaba dificultades económicas. Después del sismo, el 70 % de sus operaciones quedó inactivo, mientras la empresa conservaba al 60 % de su personal. Ahora, con la decisión de demoler las instalaciones y suspender definitivamente la producción en Dosquebradas, alrededor de 320 trabajadores activos esperan conocer las condiciones de retiro voluntario que les ofrecerá la compañía.
La incertidumbre laboral aparece entre las principales consecuencias del cierre de una de las empresas con mayor trayectoria industrial del municipio. Fernando Gómez, gerente de Recursos Humanos de Comestibles La Rosa, confirmó que la compañía presentará una propuesta individual a cada empleado, con beneficios que, según explicó, superan las condiciones establecidas por la ley.
“Los esquemas de retiro voluntario tienen unos beneficios por encima de la ley y se le van a ofrecer a cada uno de los trabajadores dependiendo de cada caso particular. Tenemos trabajadores con diferente antigüedad, diferente salario, diferente historia en la fábrica”, explicó Gómez.
La propuesta tendrá en cuenta la trayectoria de cada persona dentro de la compañía. El directivo señaló que la empresa adelantará conversaciones individuales para explicar las condiciones y permitir que cada empleado analice la oferta. Hasta ahora no informó los montos de los beneficios ni cuántos colaboradores aceptarían el retiro.
Ayudas a trabajadores
Después del terremoto, la compañía consiguió reactivar el 30 % de sus operaciones, principalmente en las líneas de producción de wafer, empaque de cereal y recubrimientos de chocolate. Las áreas de galletería concentraban cerca del 70 % de la capacidad instalada y sufrieron las mayores afectaciones estructurales.
En medio de esa contingencia, el 60 % de los trabajadores continuó activo, mientras la empresa suspendió los contratos del 40 % restante. Gómez aseguró que durante ese periodo la compañía entregó apoyos económicos y beneficios adicionales a quienes dejaron temporalmente sus labores.
“El otro 40 % tuvimos que suspender los contratos con unas garantías por encima de la ley. Dimos unos auxilios de 600.000 pesos, también dimos unos beneficios para temas de salud y medicamentos”, afirmó el gerente.
La empresa mantuvo esas ayudas mientras adelantaba las evaluaciones técnicas de las instalaciones. Los análisis de ingenieros estructurales llevaron finalmente a la decisión de demoler completamente la fábrica y terminar de manera definitiva sus operaciones en Dosquebradas.
Futuro sin definir
El gerente también explicó que la planta ya atravesaba dificultades antes de la emergencia. La utilización de su capacidad instalada rondaba el 50 %, por lo que el terremoto agravó una situación empresarial que venía de tiempo atrás.
Sobre el futuro del terreno y la posibilidad de desarrollar otra actividad industrial, Gómez indicó que el grupo empresarial adelanta una reorganización, pero todavía no tiene un proyecto definido. Por ahora, las prioridades son iniciar la demolición y avanzar en las conversaciones con los trabajadores.
Aún hay interrogantes sobre el futuro laboral de las 320 personas que permanecen vinculadas y sobre el destino de las instalaciones que durante décadas hicieron parte de la actividad económica de Dosquebradas.
