Empleo, educación pública y ayudas para damnificados encabezaron las exigencias de los manifestantes frente al Gobierno nacional.
Al menos unas mil personas caminaron desde Dosquebradas hasta Pereira durante la jornada de protesta de este miércoles 14 de octubre, en la que sindicatos, estudiantes y comunidades indígenas expusieron sus reclamos para la recuperación del eje cafetero tras el terremoto del 10 de agosto. La defensa de los derechos laborales y la financiación de la universidad pública también acompañaron la actividad.
La situación de los trabajadores afectados por la emergencia ocupó un lugar central en la movilización. Juan Carlos Cárdenas Soto, presidente de la CUT Risaralda, denunció la suspensión de contratos de más de 221 empleados de la empresa La Rosa, en Dosquebradas, y cuestionó decisiones empresariales que, según afirmó, estarían agravando la situación económica de las familias.
“Más de 221 trabajadores”, señaló Cárdenas al referirse al caso de La Rosa. El dirigente agregó que también hay dificultades para la contratación de personal administrativo en el sector educativo y advirtió que algunos empleadores estarían utilizando la tragedia como argumento para suspender vínculos laborales o despedir trabajadores.
Por su parte, Diego Alexander Agudelo García, secretario de Asuntos Agropecuarios de la CUT Risaralda, advirtió que la emergencia puede desencadenar una crisis económica y social si no se adoptan las medidas para proteger los puestos de trabajo y respaldar a los pequeños negocios afectados.
“Van de 6.000, 7.000, 8.000 personas que pueden perder sus empleos”, manifestó Agudelo, quien reclamó una intervención inmediata del Fondo Milagro para apoyar a emprendedores y trabajadores que enfrentan dificultades después del sismo.
Ayudas para damnificados
La recuperación de las zonas afectadas también hizo parte de las exigencias. Lina Montilla, ejecutiva nacional de la CUT Colombia, cuestionó la respuesta institucional frente a las necesidades de las familias que perdieron sus viviendas o sufrieron daños en sus propiedades tras el terremoto del 10 de agosto.
“El Fondo Milagro no existe, la plata no se ve”, afirmó Montilla al cuestionar la gestión de los recursos destinados a la recuperación. La dirigente también puso en duda los resultados de otras iniciativas de apoyo y reclamó garantías para que las ayudas lleguen efectivamente a las comunidades damnificadas.
Asimismo, Juan Carlos Cárdenas sostuvo que la reconstrucción debe traducirse en acciones concretas para las familias y los trabajadores. La CUT pidió acelerar las intervenciones y fortalecer la atención social, con énfasis en la recuperación económica de los municipios afectados.
Alerta por colegios
Otro de los asuntos expuestos durante la protesta fue el estado de la infraestructura educativa. Agudelo manifestó preocupación por los colegios públicos que, según su declaración, todavía no habían recibido las intervenciones necesarias, cuando ya habían transcurrido dos meses desde la emergencia.
“Muchos colegios públicos hoy no han sido intervenidos en el mejoramiento”, afirmó el dirigente sindical. Su preocupación se concentra en las condiciones que encontrarán los estudiantes durante el año escolar de 2027 si las obras pendientes no avanzan oportunamente.
Recorte a la UTP
Los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira se sumaron a la jornada para reclamar recursos suficientes para la educación superior pública. Michael Antonio Osorio Díaz, vocero del estudiantado que participó en la movilización, aseguró que la institución afrontaría una reducción presupuestal.
“Son alrededor de un recorte de 13.000 millones de pesos”, indicó Osorio, quien advirtió que esa disminución aumentaría el déficit financiero de la universidad. El representante estudiantil explicó que la participación surgió de una decisión tomada en la Asamblea General de Estudiantes.
El vocero también pidió respeto por la protesta social y por los derechos de las mujeres y las personas LGBTIQ+, sectores que, según afirmó, han sido objeto de cuestionamientos en el debate público.
Defensa del territorio
La movilización contó además con representantes de las comunidades indígenas de Risaralda. Marco Fidel Guasarabe, consejero mayor del Consejo Regional Indígena de Risaralda (CRIR), explicó que su participación estuvo relacionada con la protección de los territorios, el agua y los derechos de los pueblos originarios.
“Risaralda está conformada con 19 autoridades mayores, están en los 13 municipios del departamento de Risaralda, más de 43.000 indígenas”, señaló Guasarabe. El dirigente indicó que, según sus estimaciones, alrededor de 1.500 personas de estas comunidades se sumaron a la jornada para defender sus territorios y recursos naturales.
El consejero mayor también rechazó el fracking por sus posibles efectos sobre el medioambiente y reiteró la importancia de proteger las fuentes hídricas, los páramos, las montañas y los lugares considerados sagrados por los pueblos indígenas.
Reclamo nacional
La movilización hizo parte de una convocatoria nacional impulsada por organizaciones sindicales y sociales. Los participantes cuestionaron las decisiones del Gobierno nacional, reclamaron garantías para las reformas sociales y rechazaron lo que consideran retrocesos en derechos laborales, seguridad social y financiación de programas públicos.
Cárdenas defendió el derecho constitucional a la protesta y aseguró que las autoridades habían sido informadas con anticipación para coordinar los cierres viales y facilitar rutas alternas para quienes no participaban en la marcha.
El dirigente sostuvo que la jornada se desarrolló de manera pacífica y que la movilización era un mecanismo legítimo para expresar inconformidades. Los organizadores tenían previsto terminar el recorrido en el parque Olaya Herrera, en Pereira, con actividades culturales.
