El gremio denuncia pérdidas económicas por la suspensión de términos judiciales y pide justicia temporal mientras se recupera la infraestructura.
Los términos judiciales permanecen suspendidos hasta el 11 de septiembre, una medida adoptada tras los daños que dejó el terremoto en el Palacio de Justicia de Pereira. Para los abogados independientes, la emergencia también alteró una actividad de la que dependen sus ingresos.
El Colegio de Abogados de Risaralda realizó un censo entre litigantes del departamento y asegura que encontró una afectación económica real y profunda. El impacto alcanza especialmente a profesionales que trabajan por cuenta propia y a pequeños despachos que no cuentan con un salario fijo ni respaldo institucional.
La preocupación aumenta ante la reactivación de los procesos. El gremio considera necesario establecer un cronograma y reglas claras para normalizar los términos, de manera que los ciudadanos y sus representantes no enfrenten consecuencias procesales por situaciones provocadas por la emergencia.
Una sede temporal
Ante los daños en la infraestructura judicial, los abogados plantean habilitar una sede temporal segura, organizada y digna que permita recuperar la atención a los usuarios y facilitar el trabajo de los litigantes mientras avanzan las reparaciones.
La propuesta también contempla fortalecer las inspecciones de policía para garantizar la práctica oportuna de las diligencias que les sean comisionadas y evitar que otros procedimientos permanezcan represados.
El gremio pidió además la presencia del Ministerio de Justicia y del Derecho en Risaralda para instalar una mesa de diálogo con compromisos verificables, responsables definidos y fechas de cumplimiento.
La discusión va más allá de la recuperación física de los edificios. Los abogados solicitan que las profesiones liberales sean incluidas en los programas de recuperación económica y social destinados a los sectores afectados por el terremoto.
Los litigantes reconocen que jueces, empleados y demás servidores judiciales también resultaron afectados por el sismo. Sin embargo, advierten que la recuperación debe garantizar que los ciudadanos puedan volver a ejercer plenamente su derecho de acceso a la justicia.
El reto inmediato será determinar cómo se reactivará el sistema judicial después del 11 de septiembre, qué infraestructura estará disponible y bajo qué condiciones se retomarán los procesos que quedaron suspendidos por la emergencia.
