Siete casos de mutilación genital se notificaron este año en Mistrató y Pueblo Rico. Autoridades intensifican acciones.
Un convenio con el Consejo Regional Indígena de Risaralda (CRIR), mesas de trabajo con la Fiscalía y Medicina Legal, son algunas de las estrategias para enfrentar una práctica que no deja de golpear a niñas indígenas.
La persistencia de casos de ablación o mutilación genital femenina volvió a encender las alarmas de las autoridades, pese a que desde el Gobierno se insiste en que la práctica ha mostrado una reducción frente a años anteriores.
La secretaria de Mujer, Familia y Desarrollo Social del departamento, Litza Roldán, explicó que la lectura de las cifras no es sólo hablar de aumento o disminución de reportes, sino a la capacidad de detectar oportunamente los casos para intervenir.
“Han disminuido los casos de ablación. Tuvimos meses donde no se reportaban, otros meses donde sí, entonces entramos en una dinámica de confrontarnos y decir: preferimos que se notifiquen las niñas con esta práctica indígena”, señaló.
Los datos
Según el más reciente boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud, que reportó siete casos de mutilación genital en lo corrido de 2026, nuestra que todos los casos ocurren en la población indígena: cuatro en Mistrató y tres en Pueblo Rico.
La funcionaria dijo que la prioridad, para el departamento, es construir una respuesta articulada con las autoridades indígenas, sin desconocer el componente cultural de esta práctica ancestral.
“Buscamos la manera de mitigar la práctica. Nosotros somos respetuosos de nuestra población, de su idiosincrasia, de su cultura y la estructura de su cultura, pero estamos siempre para ellas y para ellos”, afirmó Roldán.
El enfoque, según explicó, consiste en intervenir desde una perspectiva diferencial, en la que se respete la autonomía cultural de las comunidades, pero se proteja de forma prioritaria la integridad de las niñas.
Roldán insistió en que la institucionalidad mantiene capacidad de respuesta frente a cualquier denuncia relacionada no solo con ablación, sino también con violencia sexual.
“Hoy los jaibanás y las parteras son conscientes de la práctica y son conscientes de que debemos mitigarlas, pero darle un manejo completamente diferente”, explicó.
Esa ruta también ha involucrado a organismos judiciales y forenses. De acuerdo con la funcionaria, Medicina Legal y la Fiscalía han participado en mesas de trabajo interinstitucionales orientadas a encontrar mecanismos que permitan armonizar el abordaje jurídico y sanitario con la realidad cultural de los pueblos indígenas.
