La salud en Colombia vive un momento crítico. Por más de tres meses, José David Bolívar intentó solicitar una cita con un médico general para obtener una simple fórmula. La misma que le permite acceder a un medicamento, que evita que convulsione. Hoy, se tomó su última pastilla. Ahora sólo espera que los próximos ataques epilépticos no lo agarren en la calle.
La última vez cayó al piso mientras trabajaba vendiendo verduras, como siempre lo hace: recorriendo las calles. Unas personas lo auxiliaron, pero al mismo tiempo le robaron varios paquetes de su único sustento. Con lo que a diario lleva la comida a su casa.
Su historia es la de miles de colombianos que están atrapados en la inercia de un sistema de salud que no responde. Por eso, José David asegura que su lucha se redujo a una corta y trágica frase: “me quedé sin opciones y sin medicinas”, dijo en un conversación con 360 Noticias.
La última pastilla de brivaracetam se la tomó en medio de la charla. Explicó que es un medicamento indispensable para tratar su epilepsia, pero sin ese papel firmado por un médico, la Nueva EPS no le entrega nada.
Pero el sistema, es cada vez más implacable. Le cerraron todas las puertas posibles. Primero le dijeron que no había agenda disponible. Luego, que su afiliación había cambiado del régimen contributivo al subsidiado y que por eso no podían atenderlo. Hoy, simplemente, nadie le responde.
José David no pide una cirugía compleja ni una remisión especializada. Sólo necesita que un médico general lo vea y escriba una fórmula. Pero la cita, esa primera y elemental puerta al derecho a la salud, no ha llegado.
En los últimos meses ha tenido múltiples episodios de convulsiones. Afortunadamente, lo motiva el deber de luchar para sostener a su esposa, quien tiene una discapacidad en sus piernas; pero también a su suegra y a una nieta menor de edad.
Cómo empezó
Su epilepsia no es nueva. La padece desde hace 28 años, cuando recibió un disparo en la cabeza que cambió su vida para siempre. Desde entonces depende del brivaracetam, un anticonvulsivo cuyo costo comercial alcanza los 650.000 pesos por caja.
Pero es que el problema es mucho más complejo, José David necesita tres cajas al mes. Es decir, cerca de 1.950.000 pesos mensuales, una cifra impagable para alguien que vive del rebusque. “¿De dónde voy a sacar yo para comprar eso?”, se pregunta, mientras sus ojos lanzan un grito de desesperanza.
En medio de la urgencia, acudió a todas las instancias posibles: la Superintendencia de Salud, la Alcaldía de Pereira, la Personería, pero ninguna da una solución concreta. “Dicen que lo revisarán, que responderán en tres días, que harán una gestión… pero al final no pasa nada”, relata.
José David teme que, cuando finalmente le asignen la cita tampoco le entreguen el medicamento. “Yo ya no sé qué más hacer. Lo único que pido es una cita. Yo me encargo del resto de trámites, si toca autorizar, si toca reclamar… pero necesito esa fórmula”.
¿Hay esperanza?
Sobre la EPS sólo tiene una conclusión: “Nos están dejando morir. No lo digo sólo por mí, hay otros que también están aquí por lo mismo. Ya no sé si están esperando a que uno se muera para atenderlo”. Y añade, con dolor: “Si no quieren funcionar, que lo digan, que nos manden para otra parte donde al menos nos den los medicamentos”.
La historia de José David no es una excepción. Es el reflejo de un sistema que, en lugar de garantizar el derecho a la salud, lo obstaculiza con trámites, excusas administrativas y una desconexión profunda con la realidad de sus usuarios más vulnerables.
Mientras él, que convulsiona en la calle, que no puede trabajar, que no puede sostener a su familia, se aferra a una esperanza cada vez más oscura: que alguien, en algún escritorio, escuche y actúe. Que alguien, como él pide, “se ponga la mano en el corazón”.
