Según los afectados, el operativo se hizo sin previo aviso, sin comparendos ni inventarios. Se llevaron canastas, carretas y mercancía de varios vendedores informales, las subieron a un vehículo y les dejaron sin mercancía, pero cargados de indignación e impotencia. Muchos son padres de familia. Desplazados por la violencia, excluidos del sistema laboral formal, y víctimas del abandono estatal.
Para John Fabio Quintero Toro y Yamileth Roa Carrillo, dos trabajadores informales del sector de revueltería en las afueras del mercado mayorista de Impala, en Pereira, la jornada del pasado viernes 2 de mayo fue dolorosa. Tras una intervención adelantada por la Dirección de Espacio Público de la Alcaldía, los dejaron sin nada.
Y es que así es el viacrucis de los invisibles. Decomisaron sus cargas de frutas, verduras, y las viejas carretas de madera que utilizan para vender. Las autoridades argumentaron que los elementos habían sido abandonados, aunque tanto John como Yamileth niegan esa versión. Para ellos, el operativo fue una muestra más del abandono institucional y la criminalización de la informalidad.
John Fabio, de 43 años, es un sobreviviente del conflicto armado. Desplazado con su familia, llegó a Pereira huyendo de la violencia en su territorio. Hoy es padre de cinco hijos y desde hace varios años se dedica a vender productos en un improvisado punto sobre el andén, contiguo a donde trabaja Yamileth.
“Nosotros llegamos a las cuatro y media. Apenas estábamos ubicándonos cuando vimos que estaban cargando las cosas. Les rogamos que nos las devolvieran, les dijimos que eso era para el día, que lo habíamos comprado con préstamos, pero no escucharon”, relató.
En una entrevista con 360 Noticias, John Fabio dijo que sufrió una pérdida económica de aproximadamente dos millones de pesos, mercancía que había adquirido a crédito.
“¿De dónde más lo vamos a sacar? Nadie nos contrata ya con esta edad, y menos con hijos y antecedentes de desplazamiento. Lo poco que conseguimos es para pagar el gota a gota y llevar un plato de comida a la casa”, agregó.
Más allá del golpe económico, lo que más le duele es la sensación de que sus derechos fueron ignorados. “El alcalde dijo en campaña que no iba a atropellar a los vendedores ambulantes. Hoy vemos que eso quedó en promesas. No somos delincuentes, somos ciudadanos que luchamos cada día para vivir con dignidad”.
Manos vacías
A unos metros de donde trabaja John, Yamileth Roa Carrillo, una madre cabeza de hogar, vivió una escena idéntica. A las cuatro de la mañana fue alertada por teléfono: funcionarios del Espacio Público estaban llevándose su puesto. Cuando llegó, ya habían cargado toda su mercancía.
“Le supliqué al director Mateo que me devolviera las cosas. Le expliqué que tengo dos hijas de 16 y 14 años, que este es mi único ingreso. Ni siquiera me escuchó. Me dijo que por qué lo había dejado solo, como si uno pudiera adivinar que iban a venir en la madrugada”, recordó con voz quebrada.
Yamileth calcula sus pérdidas en cerca de seis millones de pesos, entre frutas, verduras, canastillas y utensilios de trabajo. “Fui hasta la alcaldía. Me mandaron de un lado a otro. Al final, después de pagar un carro para recoger mi mercancía, me dijeron que no me iban a entregar nada. Nadie me dio un comparendo, ni un acta de decomiso, ni un inventario. Nada”.
Instalada hace apenas cinco meses en el sector, Yamileth se siente humillada por la forma en que fue tratada. “Me hicieron sentir como una delincuente. No les importó que fueran alimentos perecederos, que tengo pagadiarios, que soy madre sola. Lo que hicieron fue ilegal, fue un abuso. Y lo peor es que nadie nos responde”.
Informalidad
Ambos relatan que no fueron los únicos afectados. Otros vendedores informales también resultaron perjudicados por el operativo, que se realizó justo antes del mercado sabatino, el día más importante para sus ventas.
Muchos se preguntan por qué las vallas que les habían impuesto como límite no impidieron el desalojo, y por qué quienes estaban fuera de ellas también fueron intervenidos.
La contradicción entre las promesas de campaña del alcalde Mauricio Salazar y las acciones de su administración ha sido uno de los reclamos más repetidos. “Nos prometieron que nos iban a ayudar, que iban a regularizarnos, no a atacarnos. Hoy somos los primeros en ser golpeados”, dice John Fabio.
Ni John ni Yamileth piden favores. Piden que se reconozca su humanidad, que se respete su derecho al trabajo, y que se establezca un canal de diálogo con las autoridades para buscar soluciones que no impliquen el despojo ni la criminalización.
“Estamos cansados de que nos miren como si estuviéramos estorbando. Nosotros no robamos. Sólo trabajamos con lo poco que tenemos”, completó Yamileth.
