Las víctimas permanecían encerradas, hacinadas en pequeñas habitaciones y en medio de precarias condiciones de salubridad. En los mismos recintos, las obligaban a sostener relaciones sexuales con hombres que las contactaban a través de sitios web.
Los investigadores de la Fiscalía tuvieron que analizar unos 350 audios de llamadas interceptadas, allí identificaron a cada uno de los integrantes del grupo criminal y a unas 27 víctimas. Cuatro de ellas entregaron su testimonio a las autoridades.
Siete de los presuntos integrantes de la organización fueron judicializados por los delitos de trata de personas, concierto para delinquir agravado y lavado de activos. Las jóvenes de entre 18 y 22 años eran captadas en Manizales (Caldas).
CÓMO LAS SOMETÍAN
Las mujeres afirmaron que les exigían grabar videos con contenido explícito y mostrando la cara. Los registros obtenidos eran usados como método de intimidación para que no escaparan. Además, enviaban el material a los familiares para generar vergüenza.
También las amenazaban con enviar las fotos y videos a las autoridades migratorias de Chile, diciéndoles que eran migrantes irregulares que ejercían la prostitución de manera ilegal.
RECLUTAMIENTO
La red ubicaba a sus víctimas en sectores marginales de la ciudad de Manizales. Al parecer, les tramitaban los pasaportes, les proporcionaban los tiquetes aéreos para trasladarlas desde el aeropuerto de Pereira a Bogotá y, de allí, a Chile.
Al llegar a territorio austral les retenían los documentos y las ubicaban en casas de servicio sexual en las ciudades de Osorno, Puerto Montt y Temuco. Todo funcionaba bajo falsas promesas laborales y mejores condiciones de vida.
DEUDA IMPOSIBLE DE PAGAR
A las mujeres, presuntamente, les fijaban una deuda que inicialmente era de cinco millones de pesos y que correspondía a los costos de los pasajes aéreos. Sin embargo, el valor aumentaba por gastos de manutención y por las multas que les imponían en caso de que ellas no quisieran acceder a ciertas pretensiones sexuales.
La Fiscalía recopiló abundante evidencia que da cuenta de que esta organización en 2019, al parecer, giró sistemáticamente de Chile a sus contactos en Colombia los dineros que recibía por las actividades de explotación sexual, y así cubrir los gastos para ubicar a más jóvenes en el Eje Cafetero.
LOS CAPTURADOS
De las siete personas que harían parte de la red, cinco son integrantes de una misma familia. Los procesados no aceptaron cargos y recibieron medida de aseguramiento privativa de la libertad.
Beatriz Elena Marín González, alias Betty. Presunta articuladora y encargada de la captación y traslado de las víctimas. Fue imputada por los delitos de trata de personas y lavado de activos.
Martha Yolanda Marín González, quien sería la responsable de recoger las jóvenes en Manizales y acompañarlas a Chile, donde también asumía la administración de los inmuebles en los que permanecían las víctimas. Fue imputada por los delitos de tortura, trata de personas y lavado de activos.
María Lucena González Ríos. Madre de las presuntas cabecillas, señalada de recibir giros de Chile y distribuirlos entre los demás integrantes del ‘clan’ para ubicar más víctimas. Fue imputada por los delitos de trata de personas, lavado de activos y concierto para delinquir.
Cristian Javier Marín González, hijo de alias ‘Betty’ y posible encargado de la selección y traslado de las mujeres; y de recibir giros de Chile. Fue imputado por los delitos de trata de personas, lavado de activos y concierto para delinquir.
Jorge Eliecer García Pineda, esposo de Martha Yolanda Marín. Estaría involucrado en la recepción de dinero de Chile y de darle apariencia de legalidad. Fue imputado por el delito de lavado de activos.
William Javier Aguirre Pinilla y Sindy Lorena Cepeda Salinas. Esta pareja de esposos, conocida como ‘Los Rolos’, sería la responsable de comprar los tiquetes aéreos para trasladar a las jóvenes.
La Fiscalía les imputó los delitos de trata de personas y concierto para delinquir. Adicionalmente, al hombre le fue formulado el cargo lavado de activos.
