El presidente anunció 300 subsidios para rehabilitar viviendas afectadas por el sismo, mientras miles de familias esperan respuestas concretas.
“¿Por qué está tan serio, alcalde? Una sonrisita. Nosotros venimos aquí a traer soluciones”. La pregunta del presidente Abelardo De la Espriella al alcalde de Dosquebradas, Roberto Jiménez Naranjo, parecía una broma más durante una visita oficial. Pero, ocurrió en una región donde miles de familias todavía cargan con las consecuencias del terremoto del 10 de agosto. Mientras el presidente buscaba una sonrisa frente a las cámaras, en los barrios hay personas que quieren saber cuándo podrán recuperar sus viviendas.
La escena se produjo este jueves 22 de octubre, durante un acto en el comando de la Policía Metropolitana, en el que el mandatario presentó nuevas ayudas para los damnificados. De la Espriella quiso romper la seriedad con un comentario espontáneo, pero aquella frase terminó por generar una pregunta que va mucho más allá del gesto del Jefe de Estado: ¿qué tan cerca están las soluciones que el Gobierno viene anunciando desde que ocurrió la tragedia?
Pero, por qué debería importar esa pregunta: basta con mirar lo que ocurre fuera de los salones donde se anuncian las inversiones. Hay familias que tuvieron que abandonar sus casas, otras que viven entre paredes agrietadas y muchas que todavía no saben si podrán regresar a sus hogares. Para ellas, la emergencia no terminó cuando se fueron las cámaras ni cuando las autoridades regresaron a sus oficinas. La tragedia continúa cada día que pasa sin una respuesta definitiva.
Un problema que sigue ahí
El balance de la Alcaldía de Dosquebradas y la Secretaría de Planeación registra aproximadamente 5.000 viviendas que no pueden ser habitadas, más de 12.000 familias damnificadas y cerca de 23.000 personas inscritas en el Registro Único de Damnificados (RUD).
El mismo consolidado reporta 979 viviendas destruidas y otras 3.676 con daños parciales. Pero detrás de esos números hay historias que no caben en una tabla: personas mayores que perdieron el lugar donde vivieron durante décadas, padres que deben buscar un techo para sus hijos y trabajadores que ahora tienen que destinar sus pocos ingresos a resolver una emergencia que no provocaron.
Como si el terremoto no hubiera sido suficiente, octubre trajo nuevas dificultades. Las lluvias y las inundaciones afectaron otros sectores del municipio, obligando a algunas familias a enfrentar daños adicionales cuando todavía intentaban recuperarse del sismo. Dosquebradas no solo necesita reparar lo que se cayó; necesita evitar que la espera termine convirtiéndose en otra carga para quienes ya lo perdieron casi todo.
Cada anuncio presidencial despierta esperanza, pero también aumenta las preguntas. La gente quiere saber cuántos hogares serán atendidos, cuándo llegarán los recursos y qué debe hacer para recibir la ayuda. No se trata de desconocer los esfuerzos del presidente Abelardo de la Espriella, sino de pedir algo elemental: que las promesas vengan acompañadas de fechas, responsables y resultados que puedan comprobarse.
¿Y las 300 viviendas?
En medio de su discurso, este jueves, el presidente hizo un nuevo anunció de ayudas. La cifra fue de 300 subsidios para rehabilitar viviendas en Pereira y Dosquebradas. Pero hay que aclararlo, porque no es lo mismo reparar una casa afectada que construir una nueva: el anuncio se refiere a subsidios para rehabilitación, no a la entrega inmediata de 300 viviendas nuevas.
El Gobierno también presentó otras medidas para construir hogares y mejorar inmuebles averiados. Sobre el papel, son anuncios que pueden ayudar a miles de personas. Sin embargo, para una familia que lleva semanas esperando, la cifra por sí sola no responde las preguntas que más le importan: ¿cuándo empezarán los trabajos?
Ahí aparece la diferencia entre anunciar una solución y hacerla realidad. Una cifra ante los micrófonos no significa que el dinero ya esté en manos de los damnificados ni que los trabajadores hayan comenzado a reparar sus casas. Antes pueden ser necesarios estudios, trámites, contratos y decisiones administrativas. Son pasos que deben cumplirse, pero que también necesitan plazos claros.
Y es justamente en ese punto donde las autoridades tienen que hacer un esfuerzo para hablarle a la gente. Si falta contratar las obras, hay que decirlo. Pero si los recursos todavía no están disponibles, también deben explicarlo. Cuando algunas familias no cumplen los requisitos, necesitan conocer las razones y las alternativas que tienen. Lo que no puede ocurrir es que la gente escuche un anuncio, se llene de esperanza y después no sepa qué pasó con él.
Cada visita deja preguntas
Lo que pasó este jueves tampoco está lejos de lo ocurrido durante los meses anteriores. De la Espriella estuvo en Dosquebradas el 11 de agosto, un día después del terremoto, y posteriormente regresó a Pereira para anunciar medidas relacionadas con la atención de los damnificados. En esas visitas se abordaron asuntos como vivienda, ayudas temporales, educación e infraestructura.
Es natural que un presidente visite una región golpeada por una emergencia y anuncie como ayudar a sus habitantes. También es lógico que las comunidades reciban esas palabras con esperanza. El problema aparece cuando pasa el tiempo y las personas empiezan a preguntarse qué ocurrió con las soluciones que escucharon en las primeras jornadas.
Después de varias visitas, el balance no pasa de contar anuncios y hasta el momento hay familias que han recibido esas ayudas.
Entre las dificultades se cuentan viviendas que necesitan estudios técnicos, terrenos que deben evaluarse y recursos que requieren procesos administrativos antes de convertirse en obras. La reconstrucción no se hace de un día para otro.
Pero esa realidad obliga a informar mejor, no a guardar silencio. Si una obra tardará meses, la gente merece saberlo. Las condiciones de los subsidios deben explicárlas. Si existe un obstáculo que impide avanzar, corresponde identificarlo y buscar cómo resolverlo. La espera se vuelve más difícil cuando nadie explica cuánto falta ni quién debe dar el siguiente paso.
¿Quién termina pagando el costo?
Mientras tanto, los mandatarios quedan en una posición complicada. El presidente llega, anuncia inversiones ante la comunidad y regresa a Bogotá; el mandatario local permanece en el municipio, donde los damnificados preguntan por sus casas y las soluciones que escucharon.
Entre las conversaciones se nota preocupación: los anuncios nacionales pueden terminar convirtiéndose en una presión para los gobernantes locales, incluso cuando la ejecución depende de varias entidades. Las personas ven que el presidente anunció una ayuda y, si no observan avances, terminan por concluir que la Alcaldía no está haciendo nada.
Y aquí la pregunta. ¿Es justo responsabilizar automáticamente a los alcaldes y gobernadores por las demoras? O simplemente es justo pedir sonrisas cuando la gente solo espera una solución.
Las Alcaldías y Gobernaciones deberían contarle a sus habitantes, pero como se dice en criollo: “ sin pelos en la lengua”, qué ha hecho, qué falta y qué esperan del Gobierno Nacional. La Nación, a su vez, debería precisar qué recursos ha comprometido, cuándo estarán disponibles y qué entidades tienen a su cargo las intervenciones. Los procedimientos administrativos pueden ser complejos, pero la explicación pública no tiene por qué serlo.
Al final, la gente solo necesita saber si podrá reparar su casa, dónde vivirá mientras tanto y cuándo llegará la ayuda que le anunciaron.
Una sonrisa no levanta una casa. El presidente sólo miró al alcalde y le pregunta ¿por qué está tan serio?. La frase provocó comentarios, llamó la atención y circuló en redes sociales como una nueva hazaña presidencial. Pero, cuando terminó el acto, la situación de las familias damnificadas siguió en lo mismo que había antes de la visita.
Quizá, De la Espriella quiso hacer una broma para aligerar el ambiente, pero eso no demuestra que sus anuncios se cumplan. Lo que sí permite es ver que existe una distancia entre el lenguaje de los actos oficiales y las preocupaciones cotidianas de una comunidad afectada por una tragedia.
Un alcalde o un gobernador no tiene que sonreír para demostrar que está trabajando, del mismo modo que un presidente no demuestra que cumplió con anunciar una inversión. La gestión pública se mide por lo que las instituciones hacen, por los recursos que llegan a su destino y por los problemas que logran resolver.
