Más de 3.000 familias damnificadas esperan ingresar al registro oficial y la Alcaldía estudia alternativas para la reconstrucción.
El proceso de ajuste excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) comenzó el 15 de julio de 2026, antes del sismo. La Alcaldía puso en marcha la revisión a partir de observaciones técnicas y urbanísticas. La emergencia del 10 de agosto llevó a la Alcaldía a ampliar el alcance de la revisión e incorporar las necesidades de reconstrucción.
La emergencia dejó a miles de hogares frente a la incertidumbre de recuperar un lugar seguro donde vivir. En Dosquebradas, 17.742 personas y 8.116 familias figuran en el Registro Único de Damnificados (RUD).
Por esta razón, la Administración Municipal avanza en cambios de planificación urbana para responder a las necesidades habitacionales que dejó el terremoto del 10 de agosto.
Desde el 28 de septiembre, la Secretaría de Planeación actualiza el diagnóstico territorial con base en el Decreto Legislativo 1422 de 2026. Este contempla medidas extraordinarias para facilitar la recuperación de las zonas afectadas.
La norma establece un plazo de cuatro años para adelantar ajustes excepcionales a los POT. Además, permite estudiar herramientas destinadas a habilitar terrenos seguros, impulsar la renovación urbana y facilitar la legalización de asentamientos.
Cifras del terremoto
Las cifras oficiales reportan 4.179 viviendas no habitables y otras 609 destruidas. A este panorama se suman más de 3.000 familias pendientes de incorporación al registro, una situación que mantiene sobre la mesa la necesidad de evaluar terrenos, reforzar estructuras y definir dónde podrían levantarse nuevas soluciones habitacionales.
Desde el 28 de septiembre, la Secretaría de Planeación actualiza el diagnóstico territorial con base en el Decreto Legislativo 1422 de 2026, que contempla medidas extraordinarias para facilitar la recuperación de las zonas afectadas.
La norma establece un plazo de cuatro años para adelantar ajustes excepcionales a los POT y permite estudiar herramientas destinadas a habilitar terrenos seguros, impulsar la renovación urbana y facilitar la legalización de asentamientos.
