La emergencia del 10 de agosto afectó la infraestructura educativa. La senadora María Eugenia Londoño alertó por la continuidad escolar.
El impacto del sismo del 10 de agosto sobre la educación va más allá de los colegios afectados. La pérdida de vivienda, las dificultades económicas de las familias y las interrupciones académicas amenazan la permanencia de niños y jóvenes en el sistema educativo del Eje Cafetero.
Durante una audiencia pública, la senadora por Risaralda, María Eugenia Londoño, reveló que el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) registraba 1.615 estudiantes retirados de 21 instituciones educativas oficiales de Dosquebradas al primero de septiembre. Sin embargo, lo que aún se desconoce es cuántos abandonaron las aulas como consecuencia directa del terremoto.
“No existe una cifra oficial de deserción asociada al sismo y eso ya es grave. El Estado no está midiendo a quien está perdiendo”, advirtió la congresista al cuestionar la falta de información consolidada sobre las consecuencias de la emergencia en la población escolar.
Colegios afectados
En su intervención también habló de las dificultades que enfrentan miles de alumnos para continuar sus estudios. Según los datos presentados por Londoño, más de 79.000 estudiantes de Risaralda, Quindío y Caldas reciben clases en sedes con restricciones de uso, condiciones de inhabitabilidad o riesgos estructurales.
Según Londoño, en Risaralda, 205 de las 211 sedes educativas que esperaban concepto técnico estaban ubicadas en zonas rurales. Además, 39 de las 45 instalaciones reportadas como no habitables correspondían al campo, donde las dificultades de conectividad y transporte pueden complicar todavía más el acceso a las actividades académicas.
Agregó que la situación también afecta a quienes deben estudiar desde sus hogares. La senadora señaló que en Pereira la mitad de las instituciones educativas no tendría conexión a internet y que 2.323 estudiantes carecen de medios para desarrollar sus actividades académicas en casa.
“Así se conserva la matrícula, pero no el aprendizaje”, afirmó Londoño al cuestionar que la continuidad administrativa del servicio educativo se presente como una recuperación plena, pese a las limitaciones que enfrentan numerosos alumnos.
Riesgo de deserción
Para Londoño, las consecuencias de la emergencia no son solo de infraestructura. La pérdida de ingresos familiares, las dificultades para acceder a dispositivos tecnológicos y la interrupción de las rutinas escolares pueden aumentar la vulnerabilidad de los menores.
La congresista advirtió sobre los riesgos que afrontan quienes permanecen fuera de las aulas, especialmente en territorios donde existen problemas sociales y presencia de grupos armados.
Durante su intervención, recordó que Naciones Unidas ha advertido sobre la exposición al reclutamiento de niños y adolescentes que quedan desvinculados de los espacios educativos.
“Lo que hoy llamamos afectación emocional mañana será deserción”, expresó la senadora al referirse a las consecuencias que podrían tener el temor, la ansiedad y la falta de acompañamiento psicológico sobre la continuidad escolar.
Atención psicológica
Las cifras presentadas durante la audiencia también revelaron necesidades de atención emocional entre los estudiantes. En Pereira, el 17,8 % de los 32.302 alumnos encuestados requeriría acompañamiento psicológico, equivalente a 5.652 niños y jóvenes, según los datos expuestos.
En Dosquebradas, el diagnóstico citado por Londoño reportó que el 43,9 % de los estudiantes evaluados manifestaba temor, ansiedad o angustia. La congresista cuestionó la capacidad institucional para responder a estas necesidades y señaló que, en el caso mencionado durante la audiencia, la Secretaría de Educación reconocía no contar con psicólogos de planta.
La senadora también pidió que los traslados de estudiantes a otras instituciones sean temporales y cuenten con fechas claras de retorno, para evitar que las afectaciones del terremoto terminen facilitando el cierre definitivo de colegios públicos.
