La justicia dio un importante paso en la lucha contra el crimen organizado en la ciudad de Cartagena con la judicialización de David Esteban Ladeus Díaz, alias Purru o Purry, señalado de ser el presunto cabecilla de la red sicarial perteneciente a la estructura del Clan del Golfo.
Según la Fiscalía, alias Purru estaría vinculado a una serie de crímenes, incluyendo el espeluznante caso de tortura de cuatro personas, ocurrido en las islas de Caño de Loro y Barú en el departamento de Bolívar.
La diligente labor de una fiscal de la Dirección Especializada de la Seccional Cartagena ha permitido recopilar los elementos de prueba necesarios para sustentar la acusación contra Ladeus Díaz, quien habría participado en los homicidios cometidos durante los días 23 y 24 de mayo del año pasado.
Las pruebas presentadas, muestran como el presunto criminal habría estado involucrado en el asesinato de siete personas en las mencionadas islas, siendo cuatro de ellas víctimas de tortura.
El primer incidente ocurrió el 23 de mayo en la finca Hatillo de Barú, donde un grupo armado ingresó y perpetró la tortura y posterior asesinato de tres personas. Entre los asesinos, presuntamente, se encontraba alias Purro.
Al día siguiente, el 24 de mayo, en un establecimiento nocturno del barrio Caño de Loro, el acusado presuntamente hirió mortalmente a un hombre con un arma de fuego.
Además, en las últimas horas se reveló que Ladeus Díaz desempeñaba tareas de inteligencia para la organización criminal, señalando los lugares donde se encontraban las personas que posteriormente serían asesinadas.
Las perturbadoras acciones han llevado a que la Fiscalía impute al acusado los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, tortura, desaparición forzada y fabricación, tráfico o porte de arma de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas agravado.
El arresto de Ladeus Díaz se llevó a cabo en el municipio de Carepa, en el departamento de Antioquia, gracias a una operación conjunta entre la Fiscalía y la Policía Nacional.
Un juez de control de garantías, tras evaluar las pruebas presentadas por la Fiscalía, determinó que el acusado sería privado de su libertad en la cárcel San Sebastián Ternera de Cartagena (Bolívar).
