El juez negó cualquier beneficio para cumplir la pena por fuera de prisión y ordenó que continúe recluido en la cárcel.
La justicia condenó a Alejandro Antonio Uribe Restrepo a cuatro años y seis meses de prisión por portar un revólver y seis cartuchos sin autorización legal. La decisión quedó en firme porque ninguna de las partes presentó apelación.
La decisión se produjo después de que el procesado llegara a un acuerdo con la Fiscalía, aceptara su responsabilidad y evitara continuar con el juicio. Los hechos ocurrieron el 1 de octubre de 2025 en el sector conocido como La Churria, en el barrio Travesuras de Pereira.
Ese día, habitantes del sector llamaron a la Policía para informar que habían escuchado varios disparos. Cuando los uniformados llegaron observaron a Uribe Restrepo que salía rápidamente de una vivienda. Al practicarle un registro le encontraron un revólver calibre .38 y seis cartuchos.
Posteriormente, los análisis realizados por las autoridades confirmaron que el arma funcionaba correctamente y que la munición estaba en buen estado para ser utilizada. También quedó establecido que el hombre no tenía permiso para portar armas de fuego.
Durante la audiencia, la Fiscalía reveló otro dato que llamó la atención del juez: al momento de la captura, Alejandro Antonio se encontraba disfrutando de un permiso de 72 horas otorgado por el centro penitenciario donde cumplía una condena anterior.
Había salido temporalmente de la cárcel el 30 de septiembre de 2025 y debía regresar tres días después, pero cayó capturado nuevamente al día siguiente mientras portaba el arma.
Qué dijo el juzgado
Al dictar la sentencia, el juez negó cualquier posibilidad de que la nueva condena se cumpliera fuera de prisión. Por esa razón, rechazó conceder beneficios como la prisión domiciliaria y ordenó que el sentenciado continúe privado de la libertad en un establecimiento penitenciario.
Durante la audiencia también se conoció que el condenado registra antecedentes judiciales por homicidio y por porte ilegal de armas. Además de la pena de 54 meses de prisión, se le prohibió portar armas durante el tiempo de la condena, el decomiso y la destrucción del revólver incautado.
La sentencia quedó en firme. Tras la audiencia, ni la Fiscalía General de la Nación ni la defensa presentaron recursos contra la decisión judicial.
