La Fiscalía imputó cargos a la propietaria de un supuesto albergue tras documentar presuntas afectaciones a la salud y bienestar animal.
Lo que durante años se conoció como un lugar de protección para perros abandonados terminó en el centro de una investigación por presunto maltrato animal. Inspecciones realizadas por las autoridades mostraron condiciones que, según la Fiscalía, comprometían la salud y supervivencia de más de 300 caninos en un albergue ubicado en zona rural de Cundinamarca.
El caso, que ahora avanza en los estrados judiciales, tiene como protagonista a María Constanza García Aguirre, propietaria del refugio, a quien un fiscal del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) imputó por el delito de maltrato animal.
De acuerdo con la investigación, el inmueble funcionaba como un hogar de protección canina ubicado entre las veredas Vático y Eseas, en el municipio de Carmen de Carupa. El lugar recibía donaciones y aportes de personas interesadas en apoyar el cuidado de animales rescatados de las calles o en condición de abandono.
Sin embargo, las verificaciones realizadas por las autoridades habrían mostrado una realidad muy diferente a la que se esperaba de un centro destinado a la protección animal.
Lo que encontraron las autoridades
Según la Fiscalía, en distintas diligencias adelantadas de manera coordinada con la Policía Nacional y el Instituto de Protección y Bienestar Animal de Cundinamarca (IPYBAC), se constató que en el predio llegaron a permanecer más de 300 perros en condiciones que afectaban su bienestar.
Uno de los hallazgos más preocupantes quedó registrado durante una visita realizada el 12 de agosto de 2022. De acuerdo con el ente acusador, varios animales no contaban con acceso suficiente a alimento ni agua y permanecían en espacios que no reunían las condiciones necesarias para garantizar una protección adecuada.
Los informes recopilados durante las inspecciones también señalaron que algunos perros presentaban enfermedades, lesiones y cuadros de desnutrición, situaciones que, según la investigación, comprometían seriamente su estado de salud.
Las autoridades concluyeron además que la infraestructura del lugar no tenía la capacidad suficiente para albergar de manera adecuada la cantidad de animales que permanecían allí.
Con base en los elementos recopilados durante la investigación, un fiscal del Grupo Gelma decidió avanzar con la judicialización de la propietaria del albergue. Durante las audiencias preliminares, María Constanza García Aguirre fue imputada por el delito de maltrato animal. La procesada no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.
El caso continuará ahora en las siguientes etapas del proceso judicial, donde la Fiscalía debe sustentar ante un juez los elementos probatorios que soportan la investigación.
