Cinco asesinatos en 2026 develan una guerra silenciosa por préstamos ilegales, cobros violentos y control criminal.
El hombre asesinado la tarde de este miércoles respondía al nombre de Jhony Rotavista Buriticá, tenía 39 años y cayó abatido de tres disparos cuando salía de su vivienda, en el sector Portal del Campo del barrio Galicia.
No hubo forcejeo ni robo. El ataque fue rápido y con mensaje de ejecución selectiva. En la escena, los investigadores encontraron un patrón que ya conocen y que este año se repite con inquietante frecuencia en Pereira.
En la escena encontraron pruebas de que Rotavista Buriticá trabajaba como escolta privado para una empresa vinculada al empresario pereirano José Alcides Arévalo. Sin embargo, su perfil no se limitaba sólo a la seguridad.
También hay evidencias sobre su entorno financiero y social, que presuntamente lo ubican en actividades de préstamo informal, un terreno dominado por estructuras criminales.
Las muertes ya no son aisladas
El homicidio de Rotavista Buriticá no es un caso suelto. En los primeros meses de 2026, Pereira acumula al menos cinco asesinatos con rasgos comunes: víctimas vinculadas a préstamos informales.
Entre los nombres que aparecen en los expedientes figuran alias ‘Mono Becerro’, asesinado en el sector de La Dulcera; alias ‘Chamo’, ultimado en Galicia; alias ‘Chucha’, ejecutado en el barrio Alejandría; y Johan David Vargas Pardo, muerto en Los Independientes.
El más reciente es el caso del escolta, cuya muerte cerró un círculo que las autoridades ya consideran una guerra abierta por rentas ilegales.
La economía criminal que sostiene la violencia
En el centro del expediente judicial, el gota a gota se convirtió en una de las rentas criminales más estables y letales. Las autoridades avanzan sobre patrones de recaudo, identificación de cobradores activos y movimientos financieros incompatibles con actividades legales.
Con estos indicios, la confrontación actual parece que no sólo responde a deudas, sino a una redistribución violenta del negocio, acelerada tras la muerte de antiguos operadores.
Por esa razón, las autoridades activaron líneas de verificación internacional para establecer ingresos recientes de presuntos integrantes y posibles apoyos externos tras la muerte de figuras clave.
En ese rastreo aparece un dato importante: algunos operadores no portaban la acreditación interna que identifica a quienes pagan “impuesto” por ejercer el préstamo ilegal.
Ese detalle, conocido por el equipo investigador, abre una nueva línea: víctimas fuera del esquema, sanciones internas o disputas por incumplimientos. En la guerra del gota a gota, la credencial decide quién cobra y quién muere.
