El proceso se cerró luego de disculpas públicas, pago económico y terapia psicológica cumplidos por el investigado.
Un juez de Pereira autorizó el cierre definitivo de un proceso por violencia intrafamiliar. Esto, luego de verificar que el investigado cumplió todos los compromisos pactados con su excompañera sentimental. Entre ellos; disculpas públicas, un pago económico y atención psicológica.
La decisión se tomó en audiencia pública del Juzgado Primero Penal Municipal de Pereira. La Fiscalía explicó que el caso ya había pasado por una etapa de prueba y que los acuerdos se ejecutaron sin incumplimientos. Por esa razón señaló que no tenía sentido llevar el proceso a juicio.
Los hechos ocurrieron en marzo de 2023 en el terminal de transporte de Belén de Umbría. Allí, según la investigación, se produjo una discusión verbal entre la pareja, sin agresiones físicas, en medio de una ruptura sentimental que estaba en curso.
Para la Fiscalía, se trató de un episodio aislado y no de una conducta repetida. Por esa razón, sostuvo que no hubo maltrato sistemático ni control sobre la víctima, lo que descartó un castigo más severo.
Lo que exigía el acuerdo
Como parte del compromiso, el hombre pidió disculpas públicas, pagó dos millones de pesos como compensación y asistió a varias sesiones de terapia psicológica. Los documentos presentados al juzgado demostraron que incluso superó el número mínimo de citas exigidas.
Durante la audiencia, la víctima confirmó que recibió el dinero, que su expareja no volvió a agredirla y que la relación entre ambos mejoró, especialmente por el bienestar de sus cuatro hijos.
Uno de los puntos centrales fue aclarar que el caso no se trataba de una agresión agravada por género, sino de violencia familiar simple, lo que permitió aplicar una salida distinta a la cárcel.
El juez explicó que en situaciones como esta la ley permite resolver el conflicto cuando hay reparación real, arrepentimiento y cambios de conducta, evitando procesos largos que revictimizan a quienes denuncian.
Con esta decisión, el proceso finalizó y el despacho dejó claro que no se trató de impunidad, sino de una forma legal de resolver un conflicto cuando la víctima terminó reparada y el riesgo de repetición es bajo.
