Acuerdo por 17 Gripen desata críticas sobre transparencia, prioridades sociales y contradicciones en el discurso presidencial.
El presidente Gustavo Petro oficializó en Cali la compra de 17 aviones de combate Gripen por 16,5 billones de pesos, una decisión fuertemente cuestionada por su alto costo y por el contraste con las necesidades sociales que el propio Gobierno admite no poder atender.
El acuerdo fue firmado en la Base Aérea Marco Fidel Suárez, donde el mandatario presentó la adquisición como un “momento histórico” para la Fuerza Aeroespacial Colombiana.
Según explicó, los aviones de fabricación sueca fortalecerán la capacidad aérea del país y reducirán los riesgos operacionales para los pilotos.
Sin embargo, el anuncio se produce en un contexto en el que múltiples sectores denuncian déficits en salud, infraestructura, seguridad territorial y suministro de agua.
La ejecución de un gasto que supera los 16,5 billones de pesos contradice el discurso de austeridad repetido por el propio jefe de Estado desde el inicio de su mandato.
Petro afirmó que la operación representa una alianza estratégica con Suecia, país con el que Colombia mantiene relaciones diplomáticas desde hace más de 150 años.
Incluso, aseguró que el acuerdo traerá beneficios en áreas ajenas al sector defensa, como transición energética, producción de paneles solares flexibles y fortalecimiento tecnológico en medicina.
Promesas de impacto social
Durante su discurso, el presidente defendió la compra al señalar que los Gripen servirán para “disuadir violencias” y enfrentar amenazas derivadas de economías ilícitas, especialmente en zonas donde persisten grupos armados.
El mandatario también aseguró que el contrato con Saab es “garantía de cero corrupción”, argumentando que Suecia tiene una sólida tradición institucional en esa materia.
En un mensaje grabado, el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, celebró la firma del acuerdo y destacó la continuidad de la cooperación bilateral. Para el Gobierno colombiano, ese respaldo refrenda la legitimidad del contrato.
Mientras la Casa de Nariño insiste en que la adquisición representa un avance estratégico, amplios sectores del país se preguntan si la prioridad del Gobierno debía ser una flota de guerra o la atención inmediata de las brechas sociales que siguen sin resolverse.
