Al parecer, los inmuebles los adquirieron con dineros de la trata de personas que lideraba la red criminal Torre de Jazmín.
Una contundente ofensiva judicial contra las estructuras dedicadas a la explotación sexual y al lavado de activos, permitió que la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación ocuparan con fines de extinción de dominio varias propiedades de alto valor en el exclusivo sector de Cerritos, en Pereira.
La operación se convirtió en una de las acciones más relevantes de los últimos meses en la lucha contra el crimen organizado en el Eje Cafetero. Según fuentes judiciales, las viviendas, avaluadas en miles de millones de pesos, las habrían comprado los cabecillas de la red a través de empresas fachada y testaferros con el fin de ocultar el origen ilícito del dinero.
La investigación, que duró más de un año, permitió establecer que la organización Torre de Jazmín operaba desde Cali, Pereira y Medellín, donde reclutaba jóvenes bajo falsas ofertas laborales en Dubái.
A las mujeres las trasladaban posteriormente a Baréin, en el Golfo Pérsico, donde terminaban como víctimas de explotación sexual de redes asociadas a la misma estructura.
El grupo utilizaba un sofisticado sistema de captación y traslado que incluía el uso de agencias de modelaje, contactos en redes sociales y promesas de contratos internacionales. Una vez llegaban a su destino, les quitaban los documentos y las obligaban a pagar deudas por transporte, alojamiento y manutención.
Las primeras capturas de esta red se realizaron en el marco de la Operación Torre de Jazmín, adelantada en septiembre, en la que detuvieron a alias Keyla, considerada una de las principales reclutadoras; además, se practicaron allanamientos simultáneos en Cali y Pereira.
Golpe al patrimonio criminal
Con esta nueva fase del proceso, las autoridades golpean directamente las finanzas de la organización. Las viviendas ocupadas en Cerritos, algunas de ellas en condominios privados, con piscina, vigilancia privada y zonas verdes; presuntamente las compraron entre 2020 y 2023 mediante maniobras de enriquecimiento ilícito y blanqueo de capitales.
El general Carlos Fernando Triana Beltrán, director de la Policía Nacional, explicó que las diligencias de extinción de dominio hacen parte del bloque de búsqueda contra el multicrimen, que opera en Pereira y Risaralda desde finales del pasado mes, y que busca neutralizar las economías ilegales derivadas del narcotráfico, la extorsión y la trata de personas.
“Estas propiedades representan el símbolo del dinero mal habido que se obtiene a costa de la dignidad de mujeres colombianas. Golpear las finanzas de estas redes es tan importante como capturar a sus cabecillas”, dijo el general Triana.
Administración de los bienes
Los inmuebles pasaron a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad encargada de custodiar los bienes incautados mientras avanza el proceso judicial. En esta etapa, realizarán un avalúo técnico para verificar| la trazabilidad de los recursos con los que se adquirieron.
No se descarta que otras propiedades en Risaralda y el Valle del Cauca estén vinculadas a la misma red, por lo que las autoridades adelantan la identificación de los supuestos intermediarios financieros que facilitaron la adquisición de los bienes.
Por su parte, el ministerio de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, destacó que este resultado es una muestra del trabajo articulado entre la Policía, la Fiscalía y los organismos internacionales con los que Colombia tiene cooperación en materia de tráfico de personas y lavado de activos.
En lo corrido del año, y sólo con esta operación, las autoridades han ejecutado más de 28.000 millones de pesos en afectaciones patrimoniales a redes criminales, según cifras.
