El presunto homicida sigue detenido en Francia, y Colombia no define su extradición. Este viernes 25 de abril se cumplió un año desde que se reportó la desaparición del padre Darío Valencia, el sacerdote cuyo cuerpo fue hallado cinco meses después, el 15 de septiembre, en zona boscosa de Belalcázar, Caldas.
A pesar del tiempo transcurrido, el caso sigue sin una resolución judicial en Colombia. Aunque se celebraron eucaristías en su memoria en Pereira, y otras localidades donde el sacerdote había prestado su servicio pastoral, el expediente penal permanece sin avance significativo.
El presunto autor del crimen, Julián Eduardo Cifuentes Gómez, continúa privado de la libertad en un calabozo en Francia, donde fue detenido tras abandonar el país. Fuentes cercanas al proceso confirmaron a 360 Noticias que, pese a que Cifuentes ha manifestado su intención de pagar su condena en Colombia, cerca de su familia, aún no se ha autorizado su extradición.
Un allegado indicó que “él quiere asumir su responsabilidad aquí, pero los trámites diplomáticos se han demorado más de lo previsto. Dicen que no hay una cárcel apta para recibirlo”. Se estima que el proceso podría tardar al menos siete meses más.
El panorama para Cifuentes es diferente en Francia. Comparte celda con una persona más y, según lo que le contó un familiar a 360 Noticias, “allá tiene calidad de vida”.
¿Qué se sabe del crimen?
Un testigo clave, aseguró que el cuerpo del sacerdote no fue enterrado, como inicialmente se pensó, sino que fue arrojado a un abismo en la vereda La Cascada, del municipio de Belalcázar. Allí fue finalmente encontrado, en estado avanzado de descomposición.
Un informe preliminar sugiere que el padre Valencia recibió al menos cuatro impactos de bala, lo que coincide con la versión ofrecida por Cifuentes durante su detención en Francia.
Asimismo, una cámara de seguridad en el peaje de Acapulco captó la camioneta Nissan Frontier que pertenecía al sacerdote, siendo conducida por Julián Eduardo Cifuentes.
“Lo llevaba muerto por la carretera”, declaró el informante. Este testimonio ha sido clave para sustentar la acusación de homicidio, que reemplazó la figura de desaparición forzada en el expediente judicial.
Juristas sostienen que, de ser hallado culpable, Julián Eduardo Cifuentes podría enfrentar una condena de entre 20 y 30 años de prisión, aunque advierten que, con beneficios judiciales, podría obtener libertad condicional entre los 10 y 12 años.
