Preocupación ha causado entre las autoridades de Risaralda la decisión del Ministerio de Justicia donde vía decreto anunció que a partir del 30 de junio de 2025, la responsabilidad de los privados de la libertad, no condenados pasará a manos de Alcaldías y Gobernación.
Así las cosas las autoridades departamental y municipales deberán asumir costos de alimentación, alojamiento y vigilancia en los centros transitorios.
Israel Londoño, secretario de Gobierno de Risaralda rechazó esta medida, “estamos retrocediendo unos 40 a 50 años, donde cada municipio tenía su hospital, su cárcel y su cementerio”
Esta situación es alarmante, especialmente para los 10 municipios de sexta categoría ubicados en el occidente del departamento.
“Son municipios de escasos recursos, la mayoría es sexta categoría, donde el mismo alcalde debe de sacar dinero para alimentarlos”, puntualizó el jefe de la cartera de Gobierno.
Londoño expresó que esta decisión deja a los entes territoriales en una situación vulnerable, afirmando que la Uspec “se lava las manos” al transferir estas responsabilidades sin garantizar el financiamiento adecuado para cumplir con ellas.
