La reapertura de servicios redujo a unos 300 los profesionales que al parecer siguen fuera del departamento.
Durante las primeras semanas posteriores al terremoto, entre 2.000 y 2.400 trabajadores de la salud enfrentaron dificultades para continuar con sus labores, debido al cierre o reducción de servicios en varias clínicas privadas del departamento. Algunos mantuvieron sus salarios, otros buscaron reubicación dentro de Risaralda y varios viajaron hacia Valle del Cauca y Quindío en busca de ingresos.
El diputado Javier Darío Marulanda explicó que unas tres clínicas privadas de alta complejidad sufrieron afectaciones importantes tras el sismo y algunas permanecieron cerradas durante cerca de un mes. Cada institución tendría alrededor de 800 trabajadores, lo que generó un impacto considerable sobre el empleo del sector.
Durante ese periodo, algunas entidades hicieron esfuerzos para mantener los salarios de sus empleados mientras suspendían la atención. Sin embargo, después de varias semanas resultaba difícil sostener nóminas completas sin recuperar la prestación de servicios.
La situación llevó a varios profesionales y trabajadores asistenciales a buscar alternativas laborales. Valle del Cauca y Quindío aparecen entre los destinos mencionados, especialmente durante las últimas semanas de agosto y comienzos de septiembre.
La reapertura progresiva de servicios comenzó a modificar ese panorama. La recuperación de actividades en el Hospital San Jorge, el Hospital Santa Mónica y clínicas privadas permitió retomar labores y aumentar nuevamente la necesidad de personal.
Actualmente, no más de 300 trabajadores de la salud permanecerían reubicados fuera de Risaralda, de acuerdo con la estimación entregada por el diputado.
La cifra representa una reducción frente al número de personas que inicialmente tuvieron dificultades para continuar con sus labores en el departamento.
