Según la Fiscalía, la red tendría conexiones con centros penitenciarios del país, desde donde habrían coordinado nuevos delitos.
Más de 631.000 operaciones financieras fueron examinadas por los investigadores para reconstruir el recorrido de los recursos y establecer cómo una organización habría movido más de $4.900 millones producto de extorsiones y estafas.
La investigación de la Fiscalía General de la Nación comenzó a seguir el rastro de un entramado que, presuntamente, utilizaba llamadas realizadas desde la cárcel La Picota, en Bogotá, para contactar a potenciales víctimas y obtener dinero mediante engaños y amenazas.
El punto de partida de varias de estas operaciones habría estado en el pabellón 6 del establecimiento penitenciario. De acuerdo con el ente investigador, los integrantes de la organización burlaron controles del INPEC para acceder a teléfonos celulares, servicios de datos y aplicaciones financieras.
Una de las modalidades identificadas consistía en crear perfiles falsos de mujeres en WhatsApp para contactar a potenciales víctimas con supuestos ofrecimientos de servicios sexuales.
Después de establecer contacto, los responsables utilizaban fotografías tomadas de redes sociales y, en algunos casos, realizaban montajes para hacer creer que las víctimas estaban involucradas en delitos sexuales.
Con ese material comenzaban las amenazas. Los presuntos extorsionistas exigían transferencias de dinero a cambio de no publicar las fotografías o los montajes.
Según la Fiscalía, después de conseguir un primer pago, las intimidaciones aumentaban para presionar a las víctimas a realizar nuevas transacciones.
La investigación permitió documentar 43 noticias criminales relacionadas con denuncias y reportes de personas afectadas por este tipo de conductas.
El rastro del dinero
El caso tomó mayor interés cuando las autoridades comenzaron a seguir los movimientos financieros de la organización.
Las actividades de policía judicial tuvieron como origen un Reporte de Operación Sospechosa (ROS), a partir del cual se reconstruyó la ruta de los recursos para determinar su origen, tránsito y destino.
La Fiscalía estableció que la organización habría obtenido más de $4.900 millones mediante extorsiones y estafas telefónicas realizadas desde el pabellón 6 de La Picota.
El dinero lo recibían a través de billeteras digitales y cuentas de terceros. Posteriormente, los recursos los distribuían entre personas vinculadas al entramado y, en algunos casos, retirados en efectivo.
Los investigadores también detectaron un mecanismo mediante el cual se habrían ocultado por lo menos $2.000 millones en menos de cuatro años.
¿Quién controlaba la organización?
La Fiscalía señala a Fabián Viracachá Ballén, alias El Don o Pluma, como una de las personas que presuntamente ejercía el control criminal y financiero de la estructura.
Aunque permanece privado de la libertad, habría mantenido, según la investigación, capacidad para coordinar actividades ilegales y ejercer influencia en diferentes patios del establecimiento penitenciario.
Viracachá Ballén estaba postulado ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como exintegrante de las extintas Farc y cumple una condena de 38 años de prisión por el homicidio de un integrante de la Policía Nacional y otras conductas ilícitas.
La Fiscalía también le atribuye presuntas extorsiones y lesiones personales contra otras personas privadas de la libertad.
De acuerdo con la investigación, en diferentes espacios de la cárcel reclutaron y entrenaron a internos para realizar llamadas masivas a potenciales víctimas ubicadas en distintas regiones del país.
Dinero convertido en bienes
La investigación financiera también permitió identificar el destino de parte de los recursos que habría generado la estructura.
La Fiscalía identificó seis inmuebles y cuatro vehículos ubicados en Bogotá; Soacha, Facatativá, Fusagasugá y Viotá, en Cundinamarca; y Restrepo, en Meta.
Según el ente investigador, estos bienes los adquirieron con recursos provenientes de las actividades ilícitas.
Por esta razón, la Fiscalía anunció que promoverá la imposición de medidas cautelares con fines de comiso sobre los activos identificados.
Además, parte de las ganancias presuntamente obtenidas habría sido utilizada para mantener el control dentro del establecimiento penitenciario y facilitar el ingreso y comercialización de bebidas alcohólicas, estupefacientes y otros elementos prohibidos.
Capturan a tres familiares
Mientras Viracachá Ballén era notificado de este nuevo proceso en el centro carcelario donde permanece recluido, funcionarios del CTI, con apoyo de la DIJIN de la Policía Nacional, capturaron a tres personas señaladas de participar en el movimiento de los recursos.
Se trata de Bibiana Paola Montañez Rozo, Helim Yareyth Clavijo Montañez y Michael Stiven Viracachá Pérez, identificados por la Fiscalía como esposa, hijastra e hijo del señalado cabecilla, respectivamente.
A los tres los presentaron ante un juez de control de garantías de Bogotá por un fiscal de la Delegada para las Finanzas Criminales.
La Fiscalía les imputó, de acuerdo con su presunta participación en los hechos, los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, amenazas, concierto para delinquir y suplantación de identidad.
Los procesados recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras avanzan las investigaciones para establecer la responsabilidad individual de cada uno y determinar el alcance completo de la estructura que habría operado desde diferentes establecimientos penitenciarios del país.
