Durante la actual administración departamental se adquirieron 302 hectáreas de predios de importancia ambiental por $5.007 millones.
Mientras las autoridades se preparan para afrontar los posibles efectos de un nuevo fenómeno de El Niño, una evaluación de la Contraloría General de Risaralda reveló que dos municipios presentan agua no apta para el consumo humano y siete tienen deficiencias en sus instrumentos de gestión del riesgo, condiciones que podrían aumentar la vulnerabilidad del departamento frente a una eventual temporada de sequía.
La advertencia la presentó la contralora departamental, Gloria Inés Calvo Montoya, durante una audiencia en la Asamblea, donde expuso los resultados de una evaluación realizada a las inversiones ambientales y de seguridad hídrica ejecutadas por los municipios, el departamento y las empresas de servicios públicos.
El estudio analizó las acciones implementadas para fortalecer la gestión integral del recurso hídrico, la gestión del riesgo de desastres y la protección de ecosistemas estratégicos, con el propósito de determinar qué tan preparada se encuentra la región para enfrentar una eventual reducción de lluvias.
Uno de los hallazgos que más preocupa a la entidad tiene que ver con la calidad del agua para consumo humano. De acuerdo con los indicadores revisados, los municipios de Apía y Guática registran niveles de riesgo que ubican el agua por fuera de los parámetros aptos para la población, situación que exige medidas correctivas para garantizar el abastecimiento seguro.
Pérdidas de agua
La evaluación también identificó graves problemas de eficiencia en varios sistemas de acueducto. Según la Contraloría, Pueblo Rico y Santuario superan el 70 % de agua no contabilizada, una condición catalogada como de “ineficiencia extrema”.
De acuerdo con la entidad, este nivel de pérdidas compromete la sostenibilidad operativa de los sistemas de abastecimiento y ejerce presión adicional sobre las fuentes hídricas, precisamente en momentos en que el departamento podría enfrentar mayores exigencias por cuenta de condiciones climáticas adversas.
La contralora advirtió que, aunque no se evidenciaron detrimentos patrimoniales asociados a estas pérdidas, sí existe una afectación ambiental significativa debido al desperdicio del recurso y a los mayores costos operativos que implica su tratamiento y distribución.
En contraste, Quinchía destacó como el municipio con mejor desempeño en la gestión del agua, al mantener pérdidas inferiores al 25 %, acercándose a los estándares considerados óptimos para el sector.
Asimismo, Mistrató mostró avances importantes al reducir sus pérdidas en cerca de ocho puntos porcentuales frente al año anterior.
Tareas pendientes
Otro aspecto evaluado fue la actualización de los instrumentos de gestión del riesgo de desastres. Allí se identificaron deficiencias o procesos pendientes en municipios como Guática, La Celia, La Virginia, Marsella, Mistrató, Quinchía y Santa Rosa de Cabal.
Aunque la Contraloría destacó que en los doce municipios auditados se mantiene la prestación continua del servicio bomberil y se evidencian esfuerzos para fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias, insistió en la necesidad de actualizar planes y estrategias que permitan actuar oportunamente frente a fenómenos asociados a sequías, incendios forestales o desabastecimiento de agua.
En materia ambiental, el informe resaltó las inversiones realizadas para la protección de ecosistemas estratégicos y la conservación de áreas abastecedoras. Durante la vigencia evaluada se adquirieron aproximadamente 302 hectáreas de predios de importancia ambiental por un valor cercano a los $5.007 millones.
A esto se suman inversiones por más de $1.859 millones destinadas al mantenimiento y conservación de áreas estratégicas para la regulación hídrica, ejecutadas por la Gobernación y varios municipios del departamento.
Entre las acciones destacadas figura la adquisición del predio Las Hortensias, en la vereda Potosí de Santa Rosa de Cabal, con una extensión cercana a las 250 hectáreas, considerado clave para la conservación de fuentes hídricas y la protección de ecosistemas de alta importancia ambiental.
Al cierre de la evaluación, la Contraloría concluyó que Risaralda ha realizado inversiones relevantes para prevenir y mitigar los efectos de un posible fenómeno de El Niño, pero advirtió que persisten debilidades en planificación, monitoreo y gestión del recurso hídrico.
