Las propiedades, ubicadas en zona rural de Balboa, están avaluadas en 700 millones de pesos y pasarán a manos del Estado.
Durante años los tres bienes inmuebles funcionaron como punto estratégico para actividades relacionadas con narcotráfico, hasta que finalmente fueron objeto de extinción del derecho de dominio en una operación que golpea las finanzas del Grupo Delincuencial Organizado Cordillera, la estructura criminal con mayor presencia en la región.
La acción la desarrolló la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, bajo la dirección de la Fiscalía 52 Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, en el marco de la operación denominada ‘Los del Edén’.
Según las autoridades, los inmuebles tienen un valor aproximado de unos 700 millones de pesos y los habrían adquirido para el desarrollo de actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico. Como resultado del procedimiento judicial, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) administrará los bienes.
De acuerdo con la investigación, los predios no sólo representaban un activo económico para la organización criminal, sino que además cumplían un papel fundamental dentro de su estructura operativa. Las pesquisas permitieron establecer que estos espacios funcionaban como laboratorio de procesamiento de clorhidrato de cocaína.
Almacenaban drogas y armas
Las autoridades también señalaron que los inmuebles servían para el almacenamiento de estupefacientes y armas de fuego, elementos que fortalecían la capacidad logística y operativa del grupo delincuencial en diferentes zonas del departamento.
La operación se concentró en zona rural de Balboa, municipio ubicado en el occidente de Risaralda, uno de los territorios donde las autoridades han realizado diferentes acciones contra redes dedicadas al narcotráfico y otras economías ilegales.
Más allá del valor económico de los bienes afectados, las autoridades destacaron que este tipo de procedimientos buscan atacar directamente las fuentes de financiación de las organizaciones criminales.
La Policía Nacional indicó que esta estrategia forma parte de los esfuerzos institucionales para debilitar las capacidades económicas de los grupos criminales que operan en la región. La pérdida de bienes, infraestructura y recursos financieros representa un impacto significativo para estas organizaciones, al limitar su capacidad para mantener operaciones.
