Los técnicos encontraron redes de servicios públicos a ocho metros de la estructura y ordenaron reforzar el enmallado para evitar colapsos.
La intervención estaba prevista para el 15 de noviembre, pero tres novedades técnicas llevaron a modificar el cronograma. Ana María Cuartas Saldarriaga, gerente del Fondo Milagro para Risaralda, explicó que los especialistas deben resolver las dificultades antes de continuar con el procedimiento.
El primer inconveniente corresponde a la presencia de infraestructura de servicios públicos al norte del edificio, ubicada aproximadamente a ocho metros de distancia. Lo principal será determinar cómo proteger estas instalaciones y evitar interrupciones en la prestación de los servicios durante la operación.
Además, la cercanía de esta infraestructura obligó a revisar las condiciones de seguridad e incorporar nuevos estudios antes de ejecutar la demolición controlada, en medio del proceso de reconstrucción de Pereira.
Cuartas explicó que los equipos adelantarán análisis adicionales para establecer las medidas de protección necesarias.
“Vamos a generar un estudio a detalle con unas especificaciones que nos garanticen que no se expongan los elementos y que no se exponga la normal prestación del servicio”, indicó la gerente.
El tercer aspecto tiene que ver con las condiciones de estabilidad de la edificación durante el procedimiento. Por esta razón, los responsables reforzarán el enmallado que rodea la estructura, con el propósito de controlar su comportamiento y evitar desprendimientos o derrumbes fuera del área prevista.
Nueva programación
La modificación del calendario exige completar las verificaciones antes de confirmar la intervención. Finales de noviembre figura como la nueva fecha, aunque su cumplimiento depende de los resultados de los estudios técnicos adicionales.
“Estamos contemplando el 29 de noviembre porque tenemos que surtir estudios técnicos adicionales que nos permitan sortear las dificultades que han aparecido en este proceso”, manifestó Ana María Cuartas.
La gerente también insistió en que la seguridad de la comunidad y la gestión integral del riesgo orientan las decisiones sobre la demolición.
El equipo técnico debe resolver los inconvenientes detectados y establecer las condiciones necesarias para ejecutar la operación sin comprometer las redes de servicios públicos ni exponer a la población.
