Policía investiga a integrantes de organizaciones delictivas por el presunto uso de menores para la comisión de delitos.
Mientras Pereira completa dos años sin reportar casos denunciados de reclutamiento infantil, las autoridades concentran sus esfuerzos en combatir otra problemática: la supuesta vinculación de adolescentes a actividades criminales promovidas por estructuras delincuenciales.
Durante lo corrido de este año, la Policía Metropolitana de Pereira ha aprehendido cerca de 60 menores de edad en diferentes procedimientos relacionados con actividades ilegales. La cifra mantiene en alerta a los encargados de proteger los derechos de niños y adolescentes.
Según el mayor Sergio Andrés Restrepo, jefe de la Seccional de Protección y Servicios Especiales, las investigaciones apuntan a que algunas organizaciones criminales aprovechan a menores en estado de vulnerabilidad para fortalecer sus actividades ilícitas y aumentar sus ingresos.
Uno de los casos que más preocupa involucra a la estructura delincuencial Cordillera. “La Policía recopila información de los últimos tres años para establecer si integrantes de esa organización utilizaron menores en la comisión de delitos”, dijo el oficial.
Bajo investigación
Restrepo explicó que los investigadores revisan casos registrados en plazas de vicio, operativos policiales y procedimientos en los que las autoridades han encontrado adolescentes participando en actividades ilegales.
“Toda esa información hace parte de una base de datos que busca identificar patrones de instrumentalización de menores”, agregó.
Asimismo, aclaró que Pereira no registra denuncias por reclutamiento infantil durante los últimos dos años, como ocurre en algunas zonas afectadas por el conflicto armado. Sin embargo, advirtió que eso no significa que el riesgo haya desaparecido.
Por el contrario, las autoridades sostienen que algunas estructuras delincuenciales buscan involucrar a adolescentes en diferentes conductas ilícitas, aprovechando factores como la vulnerabilidad social, la deserción escolar o la necesidad económica.
Las autoridades recordaron que el uso de menores para la comisión de delitos constituye una conducta de especial gravedad dentro de la legislación colombiana. Por eso, mantienen operativos de prevención en colegios, parques y sectores vulnerables.
