Cuatro capturados en Risaralda por extorsiones originadas desde cárceles. Las víctimas residían en el departamento.
Durante meses, ciudadanos de Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal y Belén de Umbría recibieron llamadas en las que supuestos integrantes de grupos armados les exigían dinero bajo amenazas. Detrás de esos casos, según las investigaciones del Gaula, había una red que operaba desde centros penitenciarios del país.
Recientemente, la organización recibió un golpe con la captura de varios de sus presuntos integrantes. Los resultados hacen parte de la Operación Ámbar, una ofensiva nacional contra estructuras dedicadas a la extorsión y el secuestro.
El capitán Girón Fernández, comandante del Gaula de la Policía de Risaralda, señaló que la estrategia permitió la captura de 134 personas en Colombia por delitos relacionados con extorsión y secuestro.
Dentro de ese balance nacional aparecen varias capturas realizadas en Risaralda, donde los investigadores lograron identificar a personas que, presuntamente, participaban en el cobro y recepción de dineros obtenidos mediante llamadas extorsivas.
Las llamadas salían de cárceles
La investigación estableció que los delincuentes utilizaban una modalidad conocida por las autoridades: llamadas realizadas desde centros penitenciarios en las que los delincuentes se hacían pasar por integrantes de grupos armados para intimidar a las víctimas y exigir pagos.
De acuerdo con el oficial, las comunicaciones se originaban desde Cómbita, en Boyacá; y La Picota, en Bogotá. Las víctimas se encontraban en municipios como Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal y Belén de Umbría.
Las autoridades determinaron que les exigían sumas de dinero a cambio de supuesta protección o para evitar amenazas contra ellos y sus familias. Parte de esos recursos terminaban en manos de personas encargadas de reclamar o recibir las consignaciones realizadas por las víctimas.
Por estos hechos capturaron a Milena del Carmen Vega Vanegas y Paola Andrea Lozano Noreña, investigadas por los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión agravada. Ambas quedaron cobijadas con medida de aseguramiento intramural.
Capturado en jornada electoral
En medio de los operativos de control y verificación adelantados para garantizar la seguridad de los comicios, identificaron a un ciudadano que tenía una orden judicial vigente. Los uniformados materializaron la captura cuando el hombre se disponía a ejercer su derecho al voto.
De acuerdo con la información entregada por la Policía, lo buscaban por los delitos de concierto para delinquir y extorsión.
Según el capitán Girón Fernández, el 90 % de las extorsiones que se denuncian en Risaralda provienen de centros penitenciarios y carcelarios.
Las modalidades más frecuentes son las llamadas telefónicas y los contactos realizados a través de plataformas digitales, mecanismos utilizados para generar temor y obtener consignaciones de dinero.
“El 90 % de las extorsiones que suceden y se originan acá en nuestro departamento son extorsiones desde los centros penitenciarios y carcelarios”, explicó el oficial.
Las investigaciones también permitieron establecer que las exigencias económicas suelen oscilar entre uno y cinco millones de pesos, montos que son consignados a cuentas bancarias o plataformas financieras utilizadas por las redes criminales.
