La investigación derivó en medida de aseguramiento contra el hombre señalado de comercializar material con contenido sexual.
La Fiscalía expuso durante las audiencias un volumen probatorio que, según el ente acusador, da cuenta de al menos 40 eventos delictivos. Se trata de 33 videos y siete fotografías con contenido pornográfico infantil que habría almacenado, ofrecido e intercambiado digitalmente.
De acuerdo con lo expuesto por una fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados contra Niños, Niñas y Adolescentes, el material lo hallaron en dispositivos tecnológicos incautados durante la diligencia de allanamiento y registro, adelantada por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional.
La Fiscalía sostuvo que el procesado, Miguel Ángel Méndez, de 21 años, presuntamente utilizaba herramientas digitales desde Dosquebradas para ofrecer e intercambiar este contenido a través de una aplicación de mensajería instantánea.
Según la imputación, el hombre habría comercializado accesos por valores que estaban entre los 10.000 y 15.000 pesos, permitiendo el ingreso a canales donde, presuntamente, circulaba el material investigado.
Los hallazgos
Uno de los puntos que más llamó la atención durante la diligencia judicial fue la cantidad de archivos señalados por el ente acusador.
La Fiscalía detalló que los elementos recolectados incluyen 33 registros audiovisuales y siete fotografías, razón por la cual le imputaron el delito de pornografía con persona menor de 18 años en concurso homogéneo.
Durante la audiencia también se indicó que los archivos habrían sido almacenados en diferentes dispositivos electrónicos, entre ellos celulares, computadores y memorias digitales.
Captura e imputación
Miguel Ángel Méndez Álvarez quedó capturado durante un procedimiento de allanamiento realizado en una vivienda de Dosquebradas. Durante la presentación ante un juez de control de garantías, la Fiscalía formuló imputación del delito, cargo que no aceptó.
Con base en los elementos materiales probatorios presentados, el despacho judicial resolvió imponer medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza la investigación.
La Fiscalía recordó que este delito contempla penas que pueden variar entre 12 y 20 años de prisión, además de sanciones económicas establecidas en la legislación penal colombiana.
