La decisión judicial se basó en el vencimiento de términos tras 329 días efectivos de trámite y superar el límite legal fijado.
La exconsejera señalada de gestionar 3.000 millones de pesos para presuntos sobornos a expresidentes del Congreso quedó libre este lunes. La decisión basada en retrasos procesales podría afectar la investigación por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Sandra Liliana Ortiz Nova, exconsejera presidencial para las Regiones y una de las exfuncionarias de más alto perfil implicadas en el entramado de corrupción que golpeó al Gobierno nacional, recuperó su libertad luego de que el Juzgado 35 Penal con Función de Control de Garantías de Bogotá ordenara su excarcelación por vencimiento de términos.
La decisión judicial no representa una absolución ni el cierre del proceso penal. Ortiz continuará vinculada formalmente a la investigación que la señala como presunta intermediaria en la entrega de recursos a los entonces presidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle, quienes permanecen privados de la libertad.
La Fiscalía sostiene que los dineros se utilizaron como parte de una estrategia para asegurar respaldo político a reformas del Ejecutivo, acusación por la que la exfuncionaria enfrenta cargos por lavado de activos y tráfico de influencias.
Los tiempos que tumbaron la detención
El juez fundamentó su decisión en que el proceso superó los plazos establecidos por la ley para avanzar hacia la etapa de juicio. Según explicó durante la audiencia, el despacho contabilizó 473 días desde la radicación del escrito de acusación.
De ese total, fueron descontados 144 días asociados a interrupciones procesales y actuaciones que el despacho consideró dilatorias, dejando un tiempo efectivo de 329 días, cifra superior al límite legal de 240 días contemplado en la legislación penal colombiana.
Durante su intervención, detalló varios episodios que incidieron en la prolongación del expediente, entre suspensiones judiciales, una licencia por luto de la juez del caso y recursos procesales presentados por la defensa.
Asimismo, cuestionó una solicitud de preclusión y una recusación reciente, al considerar que carecían de sustento suficiente y que terminaron convirtiéndose en maniobras dilatorias dentro del trámite.
Ortiz permanecía recluida en la Escuela de Carabineros de Bogotá. Se convirtió en la primera alta ficha cercana al círculo presidencial en ir a prisión dentro del escándalo que destapó presuntas irregularidades millonarias en la contratación de la UNGRD.
