Advierte de un posible riesgo humanitario por el traslado de una comunidad ancestral a un predio sin servicios básicos.
Fue un traslado silencioso. Lo ejecutaron sin socialización previa y en medio de vacíos institucionales. La situación tiene en tensión social a los habitantes de Marsella. Más de un centenar de indígenas, hace dos días, comenzaron a asentarse en un predio rural que entregó el Gobierno nacional.
Las autoridades locales, hoy cuestionan las condiciones en las que se hizo el proceso. La entrega la hizo la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que formalizó la ocupación temporal del predio “Los Pinos”, de 13 hectáreas, a favor del resguardo indígena Jai Drua.
El procedimiento, según documentos oficiales y acciones judiciales, no habría contado con articulación previa con la administración municipal ni con entidades garantes, lo que desató una ola de reparos sobre la legalidad, la planeación y las condiciones en las que se instaló la comunidad.
La situación llegó al plano judicial. La Personería Municipal interpuso una acción de tutela en representación de decenas de familias indígenas, donde alertó sobre una presunta vulneración masiva de derechos fundamentales y advirtiendo un riesgo inminente para niños, mujeres y adultos mayores.
Reubicación sin condiciones mínimas
De acuerdo con el acta oficial de entrega, el predio quedó cedido de manera provisional mientras se adelantan procesos de formalización. Pero en paralelo, la propia tutela señala que el terreno no reúne condiciones básicas de habitabilidad.
No hay acceso garantizado a: agua potable, energía eléctrica, infraestructura de vivienda y saneamiento básico. Según la personería, el lugar “no cuenta con condiciones dignas para la permanencia de la población”.
Según el Ministerio Público, estas familias fueron reubicadas sin que existiera un plan de contingencia, garantías de atención humanitaria, infraestructura básica instalada. Además, el documento advierte que la permanencia en estas condiciones podría derivar en afectaciones graves a derechos como la salud.
Choque institucional
La controversia no solo es humanitaria. También es política y administrativa. Un derecho de petición radicado por una líder social del municipio sostiene que la decisión “no fue socializada con la comunidad, no fue coordinada con la Alcaldía y no contó con participación de la Gobernación”.
Esto, según el documento, podría vulnerar principios de la función pública como la coordinación, concurrencia y publicidad.
El caso ya está en manos de un juzgado de Pereira, que admitió la acción de tutela y vinculó a múltiples entidades del orden nacional y territorial, entre ellas ministerios, agencias estatales y organismos de control.
