Investigación revela pérdidas de hasta $1.600 millones y presión sobre expendios ilegales tras capturas y traslados de cabecillas.
La hipótesis de un posible reacomodo financiero dentro de la estructura criminal Cordillera abrió una nueva línea de investigación judicial en el área metropolitana de Pereira, luego de que la Policía advirtiera un presunto debilitamiento económico con nuevas formas de recaudo ilegal entre expendedores.
De acuerdo con declaraciones del coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana, los organismos de inteligencia siguen la pista a un fenómeno que, según, podría estar relacionado con la pérdida sostenida de recursos dentro de esa red delincuencial.
La línea investigativa apunta a que la aparición de nuevas “chazas” para la venta de tusi, marihuana y basuco, sumada a una reducción de precios en el mercado ilegal, estaría golpeando directamente las finanzas de la organización.
El dato que más preocupa a las autoridades es la magnitud del presunto impacto económico: pérdidas estimadas en cerca de 1.600 millones de pesos, cifra que, según la hipótesis oficial, habría acelerado presiones internas para recuperar recursos y mantener el control sobre el microtráfico.
En ese contexto, la Policía investiga si varios cabecillas estarían ordenando el cobro de “impuestos” criminales y la recolección obligatoria de dinero entre vendedores de estupefacientes como mecanismo para compensar el déficit financiero que hoy enfrenta la estructura.
La hipótesis sobre las nuevas rentas ilegales
“Hay una intención de reacomodar finanzas ilegales”, señaló el coronel Ochoa al referirse al trabajo adelantado por unidades especializadas en lavado de activos y finanzas criminales de la Dijín, junto con grupos de investigación de la Metropolitana.
Según el informe, la multiplicación de puntos de expendio ilegales en distintos sectores habría generado una fragmentación del negocio, afectando la rentabilidad histórica de la organización. A esto se suma, según la Policía, la venta de bazuco a menor precio y la alteración del tusi con otros compuestos, factores que estarían disminuyendo las ganancias por dosis.
La tesis policial sostiene que esta caída en los ingresos no sólo impacta la capacidad operativa de la estructura, sino que también podría estar generando tensiones entre mandos medios y cabecillas, especialmente “aquellos que continúan bajo seguimiento, entre ellos alias Fantasma y Juangui“, dijo el coronel Ochoa.
Las autoridades aseguran que “estos nombres hacen parte del radar investigativo” y que sobre ellos avanzan procesos de seguimiento orientados a establecer si estarían detrás de nuevas órdenes para fortalecer el recaudo ilegal en las calles, incluso a través del sicariato.
El efecto de las capturas y traslados
Otro de los elementos centrales de la investigación tiene que ver con las recientes capturas y traslados de figuras consideradas clave dentro de la estructura criminal.
Para la Policía, la salida de cabecillas desde centros de reclusión de Pereira hacia cárceles de mayor seguridad, como ocurrió con alias Caquín, trasladado a La Picota (Bogotá), así como los movimientos relacionados con otros presuntos jefes conocidos como La Negra y Mundo Malo, habría generado un proceso de reacomodo interno.
Ese ajuste, según la hipótesis oficial, podría estar vinculado también con retaliaciones posteriores a la operación Demetrio, en la que cayeron seis presuntos integrantes de componentes sicariales que, de acuerdo con la Policía, habrían entregado información sobre la contratación de homicidios.
En ese contexto, el debilitamiento de los mandos tradicionales habría abierto una disputa por el control de rentas ilegales, situación que se traduciría en mayores cobros extorsivos, presiones a expendedores y posibles episodios de violencia selectiva.
Aunque por ahora la tesis del desfinanciamiento se mantiene en el terreno de la hipótesis investigativa, la Policía sostiene que ya tiene identificados varios de los puntos de expendio que estarían aportando recursos a esa economía ilegal.
La investigación ahora se concentra en determinar si ese presunto cobro de “impuestos” entre vendedores de droga corresponde a una estrategia temporal de supervivencia o al inicio de una nueva fase de reorganización criminal dentro del área metropolitana de Pereira, un escenario que podría tener impacto directo en la seguridad urbana.
