El Gobierno advierte que las medidas afectan independencia judicial, debilitan multilateralismo y golpean a víctimas.
El Gobierno de Gustavo Petro expresó su rechazo a las sanciones impuestas por Estados Unidos contra dos jueces de la Corte Penal Internacional (CPI), al considerar que dichas decisiones afectan la independencia judicial y el funcionamiento del sistema de justicia internacional.
En un comunicado oficial, la Cancillería señaló que las sanciones contra Gocha Lordkipanidze y Erdenebalsuren Damdin se suman a otras medidas similares adoptadas contra funcionarios de la Corte y de la Fiscalía.
Para el Ejecutivo, estas decisiones constituyen un obstáculo grave para el cumplimiento del mandato establecido en el Estatuto de Roma.
El Gobierno advirtió que la CPI es un mecanismo esencial para millones de víctimas de crímenes de trascendencia internacional y, en muchos casos, el último recurso para acceder a la justicia.
En ese contexto, alertó que las sanciones amenazan el Estado de derecho y el orden jurídico internacional.
