La defensa cuestionó la manera como las autoridades incautaron el teléfono celular y el computador de uno de los investigados.
En las primeras horas del proceso el juzgado avaló las capturas y fijó fecha para la medida de aseguramiento. La audiencia de este miércoles dejó claro el rumbo inicial del proceso penal contra el exalcalde de Dosquebradas Jorge Diego Ramos Castaño, el exsecretario de Gobierno Juan Carlos Sepúlveda y la exsecretaria privada Claudia Patricia García.
Entre las 05:00 de la tarde y las 09:00 de la noche, un juez de control de garantías legalizó las capturas y ordenó que los tres permanezcan privados de la libertad hasta el próximo lunes, cuando continuará la diligencia con la formulación de imputación y la solicitud de medida de aseguramiento.
La Fiscalía les atribuyó los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros, contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos, en el marco de presuntas irregularidades administrativas durante la última administración municipal.
La defensa abrió el debate al advertir que la incautación del celular y el computador de Claudia Patricia García vulneró sus derechos. Sostuvo que los investigadores le pidieron las claves de acceso cuando ya estaba capturada.
Asimismo argumentó que, todo ocurrió sin la presencia de su abogado y en un estado emocional alterado, lo que supuestamente quebrantó el derecho a guardar silencio, la prohibición de autoincriminación y la protección de datos personales.
La bancada defensora afirmó que la diligencia derivó en una obtención irregular de información sensible, por lo que pidió declarar ilegal tanto la incautación como la captura misma.
Debate en primera audiencia
La Fiscalía rechazó de plano las objeciones. Aseguró que la captura se ejecutó en flagrancia y que la incautación de dispositivos electrónicos era parte del procedimiento autorizado. Según la fiscal del caso, nadie obligó a la exfuncionaria a entregar claves, no hubo constreñimiento, y ella firmó voluntariamente el acta de derechos como capturada.
Añadió que García es profesional universitaria, comprendió plenamente la información suministrada y nunca respondió preguntas sobre los hechos investigados, por lo que no existió autoincriminación.
Para la delegada, la defensa parte de interpretaciones erradas y ninguno de los derechos alegados fue vulnerado.
El juez, tras escuchar a las partes, avaló las capturas y dejó abierta para la próxima audiencia la discusión de la posible medida de aseguramiento. Explicó que, debido a la congestión propia de las semanas URI y a la obligación de priorizar procesos con detenidos, no podía continuar con la imputación esa misma noche.
La diligencia quedó fijada para el lunes 24 de noviembre a las 07:30 de la mañana, cuando la Fiscalía formalizará los cargos y sustentará por qué considera necesario imponer una medida restrictiva de la libertad.
Mientras tanto, Ramos, Sepúlveda y García permanecerán bajo custodia, a la espera de la audiencia que definirá si siguen vinculados al proceso en detención o en libertad vigilada.
El caso, que apenas inicia, se perfila como uno de los procesos más relevantes de los últimos años en Dosquebradas.
