Las capturas de los exfuncionarios Juan Carlos Sepúlveda y Claudia Patricia García ya se hicieron efectivas.
El abogado Renato Marín aseguró que este miércoles en la mañana iniciarán las audiencias ante un juez de control de garantías. Esto, tras confirmar que Diego Ramos se presentó de manera voluntaria en la Fiscalía en Pereira, debido a que había una orden de captura en su contra.
Ramos llegó en la mañana de este martes 18 de noviembre a las instalaciones del ente judicial, acompañado de su defensor, en una entrega que evitó su captura y busca aclarar su situación judicial.
Presuntamente, la decisión se tomó luego que al exalcalde le notificaran que existía en su contra una orden de captura por presuntos delitos contra la administración pública. “Se presentó de manera voluntaria”, dijo Marín.
La investigación en su contra comprende tres delitos: peculado por apropiación a favor de terceros, contrato sin el lleno de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.
La Fiscalía sostiene que estos hechos estarían relacionados con el manejo de recursos del convenio para las Fiestas Aniversarias de Dosquebradas del año 2022, cuando el municipio celebró su medio siglo de fundación.
El abogado Marín aseguró que el exmandatario está tranquilo y dispuesto a colaborar con las autoridades. Asimismo, reiteró que su entrega demuestra su intención de enfrentar el proceso.
La caída de dos exfuncionarios
Mientras la entrega de Ramos se produjo de manera voluntaria, dos exfuncionarios sí fueron capturados por la Fiscalía en el marco del mismo proceso: Juan Carlos Sepúlveda, exsecretario de Gobierno, y Claudia Patricia García, exsecretaria privada de la Alcaldía.
Ambos habrían tenido participación directa en la ejecución del convenio investigado, según la Fiscalía. Las detenciones se realizaron durante la mañana del martes, en cumplimiento de órdenes judiciales que cobraron vigencia luego de la revisión de contratos y actuaciones administrativas.
El proceso penal se centra en el convenio de asociación 2226 de 2022, destinado a la realización de eventos artísticos y culturales para las denominadas Fiestas del Progreso.
El monto del convenio supera los 700 millones de pesos, cifra que, según los investigadores, presenta irregularidades en su ejecución y supervisión.
La Fiscalía había advertido desde octubre que en noviembre se llevarían a cabo nuevos operativos por presuntos actos de corrupción en el área metropolitana, lo que finalmente se concretó con estas capturas.
