Procuraduría alerta por crecimiento descontrolado del reclutamiento infantil en zonas dominadas por disidencias
La Procuraduría condenó la muerte de siete menores en los recientes combates entre la Fuerza Pública y la estructura de alias Iván Mordisco. Advierte que el país enfrenta un escenario crítico por el aumento del reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes.
Los departamentos más afectados son Cauca, Norte de Santander, Antioquia, Valle, Putumayo, Huila, Nariño, Arauca y Guaviare.
En un balance, que calificó como “gravísimo e inaceptable”, el Ministerio Público confirmó que entre 2024 y lo corrido del 2025 más de 740 menores terminaron reclutados por estructuras armadas ilegales, una tendencia que, según el Ministerio Público, no da señales de disminuir.
El organismo reveló que solo en 2024, reclutaron a 578 menores, un número que incluye 277 niños y niñas indígenas. Según el ente de control, esto refleja una ofensiva criminal especialmente dirigida contra comunidades vulnerables.
En su análisis, la Procuraduría resaltó que las estructuras implicadas incluyen al Estado Mayor Central, las denominadas disidencias de las FARC y el ELN, organizaciones que, mantienen patrones repetidos y sistemáticos de victimización contra la población menor de edad.
Aumento alarma a organismos de control
La entidad también enfatizó que el país debe enfrentar con urgencia este fenómeno, ya que el reclutamiento forzado constituye una de las violaciones más graves al Derecho Internacional Humanitario, un delito que no es amnistiable y que deja impactos irreparables en las comunidades.
Según reportes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entre 2024 y 2025 recuperaron 370 menores, con edades entre 13 y 17 años, un dato que para la Procuraduría representa solo una fracción del drama real, debido al subregistro existente en estas zonas.
La entidad reiteró que el reclutamiento no solo vulnera derechos fundamentales, sino que destruye tejido social, fractura comunidades y condena a cientos de familias a procesos de duelo, desplazamiento y silenciamiento por miedo a las retaliaciones.
Daño social profundo
En un mensaje dirigido a la Fuerza Pública, el Procurador recordó la obligación de fortalecer los protocolos operacionales para garantizar el respeto pleno al DIH y los principios de distinción y proporcionalidad, especialmente en zonas donde hay presencia de menores utilizados por grupos ilegales.
Asimismo, el Ministerio Público aseguró que investigará “con rigor, serenidad e imparcialidad” las circunstancias de la muerte de los siete menores, al tiempo que reafirmó que ninguna acción institucional puede ser ajena al deber de proteger la vida y la dignidad humana.
También reiteró su compromiso de vigilar, prevenir y sancionar toda forma de reclutamiento y violencia contra menores, y advirtió que continuará acompañando a todas las instituciones en la persecución del narcotráfico, el secuestro, la minería ilegal y las redes criminales responsables de estas violaciones.
