Las autoridades ocuparon 29 bienes, entre inmuebles y vehículos, todos vinculados a la red de alias ‘Black Jack’.
La Fiscalía aplicó medidas de extinción de dominio contra propiedades usadas para lavar activos producto del narcotráfico. Los bienes, ubicados principalmente en sectores residenciales de Pereira, pertenecerían a una célula criminal desmantelada recientemente.
Los 29 bienes muebles e inmuebles estaban vinculados a la estructura criminal desmantelada en la operación Black Jack, en la que también capturaron al presunto coordinador urbano de la organización en el Eje Cafetero.
La acción judicial, denominada operación “Gulupa”, se desarrolló entre el 7 y el 8 de octubre de 2025, y permitió afectar propiedades con un avalúo de 28 mil millones de pesos, que habrían adquirido mediante lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.
De acuerdo con la investigación, las medidas cautelares recaen sobre 19 inmuebles y 10 bienes muebles, entre ellos vehículos de alta gama y predios urbanos, localizados principalmente en Pereira.
Las propiedades, según las autoridades, servían para ocultar o legitimar ganancias derivadas de actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de estupefacientes y el control territorial que ejercía esta célula del Clan del Golfo en el occidente del país.
¿Qué viene ahora?
Fuentes del caso confirmaron que el proceso fue liderado por el Grupo de Reacción Inmediata de Extinción de Dominio (GRIED), en coordinación con la Gestión de Investigaciones Financieras (GESIN-GRAOS II), quienes identificaron una compleja red de testaferros y operaciones financieras irregulares.
Con esta acción, las autoridades buscan afectar el patrimonio criminal de la organización, debilitando su capacidad económica y logística.
La extinción de dominio representa una segunda fase de la operación Black Jack, que hace una semana dejó varias capturas entre España, Pereira y Medellín, ciudades entre la que se estructuró la coordinación de envíos de cocaína y administración de rentas ilícitas.
La Fiscalía anunció que los bienes ocupados pasarán a administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) mientras continúa el proceso judicial para su recuperación definitiva a favor del Estado.
