Hace poco, el presidente Gustavo Petro advirtió de los posibles nexos entre actores políticos locales y bandas.
Durante la investigación, de carácter internacional, se descubrió una red financiera del Clan del Golfo con base en la Perla del Otún. Autoridades incautaron millonarios bienes usados para lavar dinero. En Pereira se logró incluso la captura de un operador experto en métodos de transacción clandestina y criptomonedas.
La operación que permitió la caída de alias Black Jack, uno de los cerebros financieros del Clan del Golfo, destapó el alcance de una red dedicada al lavado de activos. Allí, según las autoridades, se camuflaban los capitales ilícitos.
360 Noticias tuvo acceso a un informe oficial en el que se asegura, que los dineros se escondían a través de constructoras, empresas tecnológicas y operaciones digitales difíciles de rastrear.
La acción conjunta entre la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, Europol y la Guardia Civil Española terminó en la captura de 11 personas. También, la imposición de medidas cautelares sobre bienes valuados en más de 53.000 millones de pesos, ubicados en Pereira, Cartagena y Bogotá.
Un operador financiero cayó en Pereira
En un sector exclusivo de Pereira (Risaralda) capturaron a Jimmy García Solarte, alias El Transportador. Al hombre se le considera pieza clave en el engranaje financiero del Clan del Golfo.
De acuerdo con la investigación, García Solarte era el encargado de recibir en Colombia el dinero proveniente del narcotráfico. Para esto utilizaba un método conocido como “hawala”, un sistema tradicional de transferencia clandestina de fondos que evita los canales bancarios.
El método, según los investigadores, funcionaba así: un billete de alta denominación se dividía en dos partes. Ambas, con el mismo número de serie. Una mitad quedaba en poder del cabecilla del narcotráfico en el exterior y la otra era enviada al receptor en Colombia.
Al coincidir las series, las partes verificaban la autenticidad de la operación. Ese fragmento del billete se convertía en una especie de token físico o clave de seguridad para liberar el dinero correspondiente.
Alias El Transportador coordinaba estas transacciones desde Pereira. Además, garantizaba que los recursos terminaran invertidos en empresas fachada. En vehículos de lujo y proyectos inmobiliarios, con la ayuda de contadores y abogados vinculados a la estructura.
Según la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), la organización mutó este sistema a partir de 2020, pasando del uso del método hawala a las transacciones digitales con criptomonedas y billeteras virtuales, aprovechando el seudoanonimato que ofrece la tecnología.
Alias Cejas y la conexión pereirana
La misma red incluía a Carlos Ariel Zuluaga Lema, alias Cejas, quien actuaba como intermediario entre los hermanos Prada Moriones (alias Black Jack y Marcos) y los operadores regionales.
Con injerencia en el eje cafetero, alias Cejas, según la investigación, coordinaba contactos con empresarios y facilitaba la circulación de capitales en apariencia legales.
El complejo entramado permitió a la organización blanquear cerca de 182.000 millones de pesos, procedentes de envíos de cocaína a Bélgica, Francia, Holanda y España, mediante rutas que partían desde Turbo, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena y Guayaquil (Ecuador).
Tentáculos del Clan del Golfo en Pereira
El caso llevó al presidente Gustavo Petro a solicitar esta semana una revisión prioritaria de la situación de Pereira. Específicamente, pidió al general Jorge Luis Triana, director general de la Policía nacional, a reforzar la presencia del bloque de búsqueda, ante posibles vínculos entre estructuras políticas locales y redes del narcotráfico.
Fuentes del alto gobierno confirmaron que los reportes de inteligencia advierten de una infiltración silenciosa del crimen organizado en sectores económicos y financieros de la región.
Pereira, ciudad bajo presión
En lo corrido de 2025, la ciudad suma 179 homicidios, cifra que preocupa a las autoridades y refleja la disputa entre organizaciones dedicadas al microtráfico, las extorsiones y el lavado de activos.
Entre los bienes ocupados hay 17 predios rurales, ocho urbanos, 15 vehículos, cinco sociedades y cuatro establecimientos de comercio. Todo supera los 53.000 millones de pesos. Varias de las propiedades se encuentran en zonas de alta valorización de Pereira, Cartagena y Bogotá.
