Cinco enviados a prisión y un capturado en flagrancia dejaron los allanamientos entre Pereira y Dosquebradas.
La madrugada del pasado jueves 11 de septiembre, en un operativo simultáneo que comenzó a las 06:00 de la mañana en punto, la Policía Metropolitana de Pereira desplegó una de sus acciones más contundentes contra el narcotráfico en el Eje Cafetero.
La operación, bautizada Balder, desarticuló un grupo delincuencial al servicio de la estructura criminal conocida como Cordillera. Este operaba en pleno centro de la capital risaraldense y extendía su alcance hasta Dosquebradas y el corregimiento de Altagracia.
Detrás de los allanamientos hubo meses de trabajo encubierto, interceptaciones legales y un seguimiento que permitió identificar a los responsables de mover la marihuana y la cocaína a través de redes sociales, billeteras digitales y expendios móviles.
El cabecilla era conocido como alias Jhon, un hombre con experiencia en la distribución de drogas en escenarios urbanos.
Los nombres detrás de la red
El primer golpe fue en el barrio Parque Industrial, donde cayó Flovert García Campos, de 60 años. Tenía en su poder 35 gramos de marihuana y 1,9 millones de pesos en efectivo. Su captura, con orden judicial, la solicitó la Fiscalía General de la Nación.
Tras este primer golpe, se fueron confirmando una a una tras capturas. En Altagracia, la Policía detuvo a Mario Alexander León Vergara, de 47 años, en su vivienda del barrio Arenales. Allí se le incautó un celular que servía como canal de comunicación con compradores y otros miembros de la organización.
Asimismo, en el barrio San Jorge la policía detuvo a los hermanos Jhon Wilder González Marín, alias Jhon, de 46 años; y Alexander de Jesús González Marín, de 51. Ambos tenían órdenes judiciales por concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes. En el allanamiento les hallaron 681.000 pesos en efectivo y grameras utilizadas para fraccionar la droga.
En Dosquebradas también hubo resultado operativo, dentro de un apartamento del conjunto Senderos de la Pradera, capturaron a Luis Felipe Bedoya Quintero, de 43 años. Según la investigación, era uno de los enlaces financieros de la red. Además, utilizaba aplicaciones de pago digital para mover el dinero del narcotráfico sin levantar sospechas.
El único detenido en flagrancia fue Mauricio Giraldo Restrepo, de 54 años, sorprendido con dos pistolas, una de ellas marca Smith & Wesson; cargadores, cartuchos, dos celulares y 1.083 gramos de cocaína listos para la venta.
Droga a domicilio y pagos digitales
La investigación reveló que este grupo había adoptado un sistema sofisticado para evadir a las autoridades: los pedidos se hacían a través de WhatsApp y los pagos se recibían mediante billeteras digitales. Una vez confirmado el dinero, los encargados entregaban la droga en vía pública, como si se tratara de un domicilio cualquiera.
Este modelo les permitía mover grandes cantidades de cocaína y marihuana en sectores estratégicos del centro de Pereira, con la ventaja de no tener que manipular efectivo en las transacciones más visibles.
Armas, droga y dinero
En total, la operación dejó la incautación de dos armas de fuego, 16 cartuchos, 35 dosis de marihuana, 1.000 dosis de cocaína, siete celulares y 1,9 millones de pesos en efectivo.
Los seis capturados fueron presentados ante un juez de control de garantías. Cinco de ellos recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que Giraldo Restrepo, detenido en flagrancia, también quedó vinculado al proceso penal.
Una pieza más
La organización desmantelada era un “outsourcing” criminal: una célula al servicio de Cordillera, la estructura que ha dominado el microtráfico en el Eje Cafetero durante más de dos décadas.
Su función principal, según informes oficiales, era garantizar la distribución en zonas céntricas de Pereira, un mercado donde circulan diariamente miles de personas y donde el consumo ha tenido un crecimiento sostenido.
La operación Balder no es un golpe aislado. Hace parte de una ofensiva coordinada entre la Policía y la Fiscalía para frenar la expansión de Cordillera.
Según fuentes judiciales, la investigación inició en febrero de 2024 y permitió documentar la forma como la red adaptó sus métodos para sobrevivir a la presión policial.
